El presidente Bernardo Arévalo oficializó a Santiago Palomo como director de la Comisión Nacional Contra la Corrupción (CNCC), el acto para oficializar esta instancia se llevó a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura.
Además dio a conocer quienes serán los funcionarios y concejales que integran esa dependencia del Ejecutivo.
Durante este lanzamiento oficial, Arévalo aseguró que “este gobierno no tolera la corrupción”, y que por años se han usado los impuestos para esos fines.
Arévalo dijo, “Vimos cómo la corrupción destruyó las estructuras del servicio civil del Estado, usando las plazas de trabajo como botín para el pago de favores del gobierno de turno y no como el mecanismo mediante el cual se entregan los servicios que el pueblo de Guatemala necesita”.
El mandatario indicó que esta comisión estará integrada por dos ejes, uno será de representantes del Ejecutivo y otra de la sociedad civil.
Funcionarios del Ejecutivo:
Jonathan Menkos, ministro de Finanzas
Juan Gerardo Guerrero, secretario general de la Presidencia
Carlos Mendoza, SEGEPLAN
Karla Gomez, titular de la ONSEC
Claudia Palencia, Viceministra de Gobernación
Edie Cux, director de Gobierno Abierto

Consejeros sociedad civil:
Este eje estará confomado por 2 representantes del sector privado, 2 de la sociedad civil y 2 de pueblos originarios, ello son:
Javier Montenegro
Connie de Paiz
Mariana Rohrmoser
Daniel Haering
Saturnino Figueroa
Ana Alicia Alvarado Batz

Un Estado en situación crítica
Durante la presentación de los integrantes de esta comisión, Santiago Palomo, jefe de la misma dijo que al aceptar el cargo y tomar posesión encontró el estado en una situación crítica.
Palomo expresó “La corrupción, hasta antes de este gobierno, había sido la regla en la vida política del país”.
El Comisionado también hizo un llamado a la sociedad civil a presentar sus propuestas para crear las políticas anticorrupción.
Palomo destacó que es fundamental el desarrollo e implementación de políticas públicas, con base en evidencia, que tiendan a evitar que estas redes de criminalidad sigan operando y propagándose en el Estado, en perjuicio del pueblo de Guatemala.