Varios procesos penales por hurto de electricidad se han reportado a nivel nacional, mismos que han sido conocidos por las instancias competentes en aras de sancionar esta práctica ilegal.
Por lo menos siete usuarios y un comercio se han acogido en estas semanas a medidas conciliatorias para solventar su situación jurídica.
Esto implica que los señalados han aceptado las sanciones que han sido impuestas por los operadores de justicia.
Huehuetenango
Uno de los casos fue el del ciudadano Cupertino “L”, residente en La Democracia Huehuetenango, quien concretó un convenio de pago por Q46 mil con la distribuidora de energía eléctrica, por lo cual el Juzgado de Paz de la localidad le otorgó un criterio de oportunidad.
Esa judicatura también impuso la obligación del demandado de contratar, durante 15 días, cinco anuncios radiales conminando a no hacer conexiones ilegales y la donación de Q500 a beneficio de los Bomberos Voluntarios de ese departamento.
San Marcos
Estas mismas sanciones fueron impuestas por el Juzgado de Paz de Ayutla, San Marcos contra Audelina “L”, quien deberá realizar dos publicaciones y el apoyo económico lo recibirá el Centro de Educación y Recuperación Nutricional Infantil de Malacatán.
En los otros procesos, los sindicados debieron pagar el adeudo por el consumo ilegal de energía y la advertencia judicial de no hacer conexiones directas en sus domicilios, entre otras sanciones, caso contrario se reanudarán los procesos penales respectivos.
Leyes
Recientemente el Congreso de la República aprobó el Decreto 8-2023, que contiene reformas al Código Penal y a la Ley Contra la Delincuencia Organizada.
La normativa establece mecanismos que permiten perseguir penalmente y sancionar los delitos de robo y hurto de energía eléctrica en el país, una práctica que ha perjudicado a muchas comunidades, que como consecuencia de este mal se han quedado sin el fluido eléctrico para desarrollar sus actividades diarias.