Diversas acciones legales, interpuestas por abogados de defensores, han propiciado el retraso de la audiencia de primera declaración de los más de 20 implicados en el caso de supuesto lavado de dinero en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
Hace más de un mes que las fuerzas de seguridad detuvieron a los señalados por el Ministerio Público de participar en el blanqueo de Q350 millones que habrían sido sustraídos del IGSS entre 2002 y 2004, pero hasta ahora el MP no ha podido presentar la acusación penal.
Este lunes, uno de los defensores accionó para que el caso sea remitido a un juzgado de primera instancia y sea retirado del que preside Ericka Aifán, jueza de mayor riesgo. El argumento es que el tema no es de competencia ampliada.
Con anterioridad, se presentaron acciones para retirar como querellantes a la Procuraduría General de la Nación, IGSS y Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.
Aunque fueron rechazadas, estas acciones han contribuido al retraso en el proceso.
En detalle
Entre los señalados figura el exgerente del Seguro Social César Augusto Sandoval Morales, quien ya fue sentenciado por este hecho y ahora es acusado por lavado de dinero. También, Sergio Alfredo Herrera Acevedo y Juan Carlos Herrera Cardona, hijo y hermano, respectivamente, del empresario Gustavo Herrera, contra quien fue girada una orden de captura internacional.
Este último cuenta con asilo en Nicaragua, y es requerido por la justicia guatemalteca desde hace años, por su supuesta participación en el desvío del monto citado.
Por este caso, también se citó a declarar a unas 15 personas, vinculadas a empresas que se habrían involucrado en el blanqueo del dinero procedente del IGSS, según pesquisas preliminares de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad.