Por decreto, Bolsonaro eliminó el requisito para que quienes quieran tener un arma justifiquen a la policía federal por qué la necesitan y en su lugar hay una gran variedad de circunstancias válidas. Las categorías son tan amplias los ciudadanos que viven en zonas rurales, aquellos en áreas urbanas con altos índices de homicidios, propietarios de comercios, coleccionistas de armas y cazadores que básicamente cualquier ciudadano de 25 años o más que quiera un arma de fuego podrá poseer una.
Los posibles propietarios de un arma de fuego todavía deberán cumplir con requisitos que incluyen no tener antecedentes criminales, tomar un examen psicológico y capacitarse en un campo de tiro. Aunque hasta ahora la restricción más odiada por los defensores de las armas el derecho de los civiles para portarlas permanece intacta.
La semana pasada Bolsonaro dijo que se “discutirán legislativamente” más reformas, haciendo referencia a las leyes de portación de armas.
Dichos cambios motivan a los defensores y son un posible beneficio para los productores de armas de fuego. El primer día al mando de Bolsonaro, las acciones del productor de armas de fuego, Forjas Taurus, subieron 30%.
Pero para los grupos defensores de los derechos civiles, expertos en seguridad y muchos en los barrios asolados por la violencia, los posibles cambios son aterradores.
Varios estudios en Brasil y Estados Unidos han demostrado que cuando hay más armas suben las tasas de homicidios. Es un futuro temeroso en un país que, según la cifra más reciente disponible, en 2017 rompió su propio récord de homicidios con casi 64.000 asesinatos, 70% por armas de fuego.
