Primero llegaron los helicópteros lanzando bombas químicas. Luego vinieron hombres armados con uniformes verdes que procedieron a asesinar a miembros de una tribu del Amazonas para dar paso a un camino importante.
Bare Bornaldo Waimiri, en ese momento un miembro adolescente de la tribu Waimiri-Atroari en lo profundo de la Amazonía brasileña, dijo que el día de ese ataque, hace muchos años, fue el último que vio a su familia con vida.
Ahora de edad avanzada, Bornaldo describió la horrible escena la semana pasada durante una audiencia histórica que puso los reflectores sobre el ejército de Brasil, que niega haber atacado a la tribu. Su testimonio subrayó la tensión constante entre el desarrollo y la conservación en la nación más grande de América Latina y sucede mientras el presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro otorga un papel destacado a los militares en su gobierno y pone fin a las nuevas demarcaciones de tierras indígenas en el Amazonas.
La audiencia tuvo lugar en una choza de paja con forma de cono donde los Waimiri-Atroari normalmente celebran festividades coloridas y largas sesiones de oratoria. La semana pasada, durante un día, se transformó en un juzgado sombrío donde seis ancianos le contaron a un juez cómo durante muchos años la dictadura militar de 1964-1985 intentó erradicarlos con armas, bombas y productos químicos.
Los miembros de la tribu y los fiscales dijeron que esta fue la primera vez que se permitió a un juez en las tierras de Waimiri-Atroari escuchar a los testigos hablar de varios supuestos ataques durante años. Los líderes dijeron que su objetivo era lidiar con el pasado y evitar futuras incursiones.
“Para pasar esta página, todos tenemos que leer el libro”, dijo el líder tribal Mario Parwe Atroari.
La mayoría de las tribus indígenas que alegan atrocidades durante la dictadura se muestran reticentes a dar cuenta completa de los incidentes en los juzgados urbanos porque no confían en los pueblos no indígenas. Algunos también temen ser procesados por sus propios ataques contra agentes estatales y misioneros.
Antes de dictaminar, se prevé que la jueza federal Raffaela Cassia de Sousa esperará a los médicos forenses, lo que podría incluir una determinación de qué producto químico se pudo haber usado en los atentados que los testigos describieron, y posiblemente más testimonios y pruebas.
