Inés, una niña de 11 años con un “retraso madurativo”, ha sido expulsada de un campamento de verano en la localidad española de Salto de Saucelle, en la provincia de Salamanca, porque las madres de sus compañeras no querían que estuviera con sus hijas en la misma habitación.
Según explicó Carolina Gómez, la madre de la menor, el campamento –por el que pagaron 1.600 euros por 15 días– les ofreció que la niña durmiera con una monitora en otro cuarto o que se marchara y, finalmente, se fue.
Inés tiene un “retraso madurativo” de dos años e inferior motricidad a la de sus compañeros, lo que supone que si se le habla con mucha rapidez, tarda un poco en procesar la información que escucha. La menor va a un colegio de necesidades especiales en Madrid, pero esto no le impide tener una relación completamente normal con el resto de niños de su edad.
“La moral por los suelos”
Antes de que su hija ingresase en el campamento, Gómez habló con las personas del centro sobre cómo es Inés y cuáles son sus carencias. Inés ya había asistido a otros campamentos sin tener nunca ningún problema, y su madre pidió que no se informara al resto de niñas de su situación para que no fuese etiquetada. Le aseguraron que no había ningún problema.
Sin embargo, nada más entrar en la habitación la monitora dijo: “Chicas, vuestra compañera tiene una discapacidad, así que os pido, por favor, que me echéis una mano para ayudarla”.
Al día siguiente, Gómez llamó a las oficinas de Diverbo –la empresa que gestiona el campamento–, y le comunicaron que el responsable había decidido que Inés debía abandonar el campamento. Una de las razones que pusieron fue que las madres se quejaban de que sus hijas “están en un colegio de integración y cuando llega el verano se merecen disfrutar del campamento sin tener que estar con estos niños”.
“Está hecha polvo y tiene la moral por los suelos. Me dice que la culpa es suya y que no consigue ser normal”, relata la madre.
En un comunicado, Diverbo niega que se haya discriminado o expulsado a la niña. “Esta decisión ha correspondido a la familia”, alega. La empresa añade que han estado “en todo momento en contacto” con los responsables de la menor y han “propuesto alternativas para contribuir a la mejor integración posible utilizando las herramientas” que tienen a su “alcance”.
Por su parte, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha reclamado al Gobierno de la Comunidad de Madrid que abra una investigación para aclarar si se han vulnerado los derechos de las personas con discapacidad.
Este suceso ocurre después de que un niño de seis años con Trastorno Espectro Autista (TEA) también fuese expulsado de un campamento en la ciudad española de Torrejón de Ardoz porque, según el centro, no se podían atender “sus necesidades especiales”.