La decisión forma parte de un acuerdo que aprobó el Congreso, de mayoría opositora, tras un debate de más de tres horas en el que se discutió el informe que presentó la semana pasada Bachelet en Ginebra y reconoce la existencia de graves violaciones a los derechos humanos durante la gestión del gobierno de Nicolás Maduro, que incluye la muerte de 5.287 personas durante operativos de seguridad el año pasado.
“Lo que hemos denunciado durante años en Venezuela, la persecución, la tortura, la violación a la libertad de expresión… hoy ha rendido frutos”, afirmó el líder opositor y jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, al respaldar el informe de la expresidenta chilena, y dijo, durante un discurso en la sesión, que a partir de ahora la comunidad internacional debe decir que “Venezuela padece una dictadura”.
Guaidó, quien ha sido reconocido como presidente interino de Venezuela por más de medio centenar de países, realizó una nueva exhortación a los militares y funcionarios públicos a que se rebelen contra Maduro y les advirtió que si continúan sosteniendo el gobierno o voltean a un lado ante las violaciones de derechos humanos también serán sujetos a investigación en la CPI.
Desde inicios de año, el líder opositor ha realizado varios llamados a la fuerza armada a desconocer al mandatario izquierdista, pero sus exhortaciones sólo han sido atendidas por una minoría.
En la Fiscalía de la Corte Penal Internacional reposa desde el año pasado una solicitud de proceso contra el gobierno de Maduro que presentaron Canadá, Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, naciones que pidieron una investigación sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad que habría tenido lugar en Venezuela. Tras esa acción fueron designados tres jueces para seguir el caso.
El acuerdo de la Asamblea Nacional se da un día después que Maduro condenara el informe de Bachelet alegando que estaba “cargado de mentiras, manipulaciones, de datos inexactos, de datos falsos”, y dijo que la expresidenta chilena había dado un “paso en falso”. Caracas solicitó a la alta comisionada rectificar sobre varios puntos del informe.
El debate de la Asamblea Nacional coincidió con una visita que realizó al Palacio Legislativo el enviado especial de la Unión Europea para Venezuela, Enrique Iglesias, quien se reunió por segunda jornada consecutiva con Guaidó y algunos integrantes del Congreso. Iglesias sostuvo la víspera un encuentro con la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
Mientras persiste la pugna política, esta semana se retomaron en la isla caribeña de Barbados las negociones entre el gobierno y la oposición para un eventual diálogo bajo la mediación de Noruega. Desde de mayo las autoridades noruegas vienen adelantando un proceso para lograr una salida pacífica a la profunda crisis venezolana que ha desatado la migración de más de cuatro millones de personas en los últimos años.
Maduro reiteró la víspera que creía en el diálogo y dijo que en ese proceso “todas las partes tienen que sentarse y estar dispuestos a ceder posiciones”. El gobernante expresó que desde un principio establecieron una agenda de seis puntos, y pidió no dejarse engañar por corrientes falsas de opinión.
Por su parte, Guaidó afirmó el martes que el proceso promovido por Noruega es uno de los mecanismos que adelanta la oposición para lograr una pronta salida a la crisis.
En los últimos tres años se han promovido varias iniciativas para un diálogo entre el gobierno y la oposición pero han fracasado.