Este cuerpo legislativo se instaló en agosto de 2017 para operar por dos años, pero los constituyentes acordaron prorrogar su funcionamiento para completar la tarea de redactar una nueva carta magna.
Durante este tiempo, la Constituyente ha tomado algunas decisiones controversiales, como la destitución de una fiscal general que se volvió crítica del gobierno, las limitaciones de funciones de la Asamblea Nacional –es decir, el Congreso, que está en manos de la oposición–, y más recientemente el enjuiciamiento de catorce congresistas opositores.
La extensión del periodo de operación de la Constituyente se aprobó durante una sesión especial que realizó el cuerpo para conmemorar el primer año de la reelección del presidente Nicolás Maduro, que fue cuestionada por más de medio centenar de países y la oposición, que acusó al gobernante de haber sido electo bajo un “fraude”.
Las controversiales elecciones desataron una crisis política que se agudizó en enero pasado cuando la Asamblea Nacional declaró que Maduro estaba usurpando el cargo en su segundo sexenio y el líder opositor y jefe de ese cuerpo, Juan Guaidó, se declaró presidente interino de Venezuela.
Las tensiones escalaron el 30 de abril durante el fracasado alzamiento militar que encabezó Guaidó. Tras la fallida sublevación, las autoridades apresaron al vicepresidente la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, y abrieron procesos judiciales contra otros 13 congresistas opositores que acompañaron a Guaidó.
Centenares de empleados públicos y seguidores del gobierno, vistiendo las características camisetas rojas, salieron el lunes a marchar por una avenida del centro de la capital rumbo al palacio presidencial, donde se realizará una concentración para celebrar la reelección de Maduro.
“Hoy, en indisoluble unión cívico–militar, defendemos esa elección soberana con coraje y valentía”, dijo Maduro en su cuenta de Twitter al celebrar el proceso electoral del 20 de mayo de 2018.
Tras el inicio en enero de su segundo sexenio, Maduro también ha enfrentado un endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos, que alcanzaron a la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), y una creciente presión internacional.