El contralor general Elvis Amoroso, partidario del gobierno y cercano colaborador del presidente Nicolás Maduro, presentó supuestas pruebas de depósitos de dinero “proveniente de legitimación de capitales” en cuentas de Guaidó.
La estatal Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario “debe prohibir todas las transacciones con Juan Guaidó. Todas las entidades comerciales deben abstenerse de hacer negociaciones con él”, dijo Amoroso a la prensa.
La Contraloría General, controlada por el gobierno, se encarga de la revisión de la gestión de todos los organismos estatales y funcionarios públicos.
La denuncia de Amoroso se produjo un día después de que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump anunció que asignaría 52 millones de dólares a la oposición venezolana y que incluiría 19 millones en fondos directos para Guaidó tenga más margen de maniobra en sus esfuerzos por desalojar a Maduro del poder.
Guaidó -que también funge como presidente de la Asamblea Nacional y ha sido reconocido por más de 50 países como el presidente legítimo de Venezuela- se declaró en enero mandatario interino argumentando que la reelección de Maduro en 2018 fue fraudulenta.
Estados Unidos ha impuesto sanciones a la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA), principal fuente de divisas del país, otras al propio Maduro, a sus más cercanos colaboradores y a una serie de empresarios acusados de ser parte de una amplia red de corrupción.
En marzo, la Contraloría inhabilitó a Guaidó para participar en elecciones y ejercer cargos públicos por 15 años por la supuesta falsificación de datos en su declaración patrimonial y por recibir dinero del exterior sin justificación.
Amoroso además anunció que investiga una trama de corrupción, que involucraría a Guaidó, junto al otrora poderoso ministro del Petróleo y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, y el abogado Javier Troconis.
El exministro, que dirigió la industria petrolera venezolana entre 2004 y 2014 y que se cuenta entre los más severos críticos de Guaidó, se alejó del gobierno en 2017 en medio de acusaciones de corrupción en PDVSA.
Troconis fue nombrado en agosto por Guaidó como comisionado presidencial para la gestión de activos públicos en exterior.
“Rafael Ramírez es quien contrata a Javier Troconis” que suscribió supuestos contratos irregulares con la petrolera estatal por bienes y servicios valorados en más de 187 millones de dólares, acotó Amoroso, quien también señaló a Guaidó y a Ramírez de estar confabulados para apoderarse de los activos de PDVSA en el exterior, en particular su filial estadounidense Citgo.
A través de Twitter, Ramírez afirmó que la denuncia de Amoroso “no tiene ni pies ni cabezas. Es estúpido insinuar una relación mía con @jguaido. Así es muy fácil desprestigiar: puro falso positivo y fake news”.
Ramírez, que ha expresado su intención de presidir el país sudamericano, agregó que “nos temen” y se preguntó cómo serán los ataques “cuando estemos en la calle junto al pueblo”.
Guaidó no hizo comentarios inmediatos sobre la denuncia.
La corrupción ha sido rampante en la industria petrolera de Venezuela, que posee las reservas de petróleo más grandes del mundo, pero los funcionarios no suelen rendir cuentas, lo que es motivo frecuente de severas críticas.