El presidente de Ecuador declaró un nuevo estado de excepción y toque de queda en dos provincias, tras una ola de atentados y balaceras contra instalaciones y efectivos policiales, especialmente de Guayaquil, la ciudad más sacudida por la violencia de organizaciones delictivas.
En paralelo, decenas de presos de la Penitenciaría del Litoral están siendo trasladados a otras cárceles, lo que, según el presidente Guillermo Lasso, ha motivado los ataques de la última jornada.
El estado de excepción regirá en las provincias de Guayas, cuya capital es Guayaquil, y de Esmeraldas e implica la reducción de derechos de los ciudadanos. El gobierno no ha especificado en su anuncio en cadena nacional adecuada, pero sí ha establecido un toque de queda desde las nueve de la noche local hasta el amanecer.
El mandatario calificó el repunte de violencia como una declaratoria de guerra abierta contra el estado de derecho, como ya había afirmado ante ataques anteriores, ante la que ha dispuesto actuar con dureza dentro del marco de la ley. “Luchamos contra los privilegios y beneficios de los delincuentes”, defendió Lasso, al tiempo de señalar que enfrentará con determinación al crimen organizado, que ha convertido a las cárceles en cuarteles generales del crimen.
La jornada de violencia comenzó con una serie de explosiones, dos policías acribillados y tres heridos y la retención de personal en la cárcel de Esmeraldas, otra de las provincias consideradas como zona roja de Ecuador, a 182 kilómetros al noroeste de Quito. Ocho agentes penitenciarios permanecieron retenidos por los presos durante dos horas, antes de ser liberados.
El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, ente que gestiona las cárceles del país, publicó en su cuenta de Twitter que están en marcha obras y adecuaciones en la Penitenciaría del Litoral, la que ha protagonizado las masacres más cruentas de los últimos dos años. Por la remodelación, se ha trasladado a 200 presos a otras prisiones con el objetivo de “disminuir el hacinamiento, precautelar la seguridad de la población penitenciaria”. No informado si en ese grupo hay jefes de bandas criminales.
El ministro del Interior, Juan Zapata, defendió en una rueda de prensa de la mañana que el gobierno seguirá aplicando medidas para combatir el crimen organizado. “No vamos a bajar la guardia, no nos van a atemorizar y menos a la policía”, sostuvo.
En tanto, el comandante de la policía, general Fausto Salinas, calificó de “viles y cobardes” los atentados de la madrugada en ambas ciudades e exclusivos recursos que se han desplegado humanos, tácticos y logísticos con apoyo de militares en todo el país.
El ex jefe de inteligencia y del ejército y analista de seguridad, coronel Mario Pazmiño, dijo que Ecuador está entrando a una etapa de violencia como la que sufrió Colombia con Pablo Escobar en la década de 1980 con una disputa entre el Estado y las organizaciones delictivas por el control de espacios territoriales a los que se denominan santuarios.
Destacó que un ejemplo de ello son las cárceles, donde —según dice— el Estado perdió el control que quedó en poder de organizaciones delictivas que generan una gobernanza criminal. “Exactamente igual se da en algunos sectores de las fronteras donde las organizaciones delictivas controlan a la población”, afirmó.
Añadió que esas zonas desafiaron abiertamente el poder del Estado y que la población está bajo la “protección de las estructuras criminales”, mientras que el gobierno sigue sin un sistema de inteligencia adecuado, sin estrategia y sin acciones claras para enfrentar la situación.
Desde hace dos años las prisiones estatales de Ecuador se han convertido en escenario de sangrientos choques entre grupos rivales de presos, algunos de ellos relacionados con cárteles colombianos y mexicanos, en disputa por el control de rutas y territorios para la distribución de droga a nivel nacional e internacional.
De acuerdo con cifras del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, el año pasado 316 muertos internos asesinados por sus compañeros, mientras que en lo que va de este año ha habido 106 víctimas mortales.
El sistema penitenciario de Ecuador está diseñado para cerca de 30.000 personas, pero hasta el mes pasado había unos 35.000 reclusos en las 53 cárceles estatales del país.