Según el Ministerio de Gobernación, la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (DIGESSP) cuenta con un registro de 40 mil guardias privados, sin embargo se tiene el reporte de entre 130 a 150 mil guardias que están prestando el servicio.
Ante este panorama se creó una mesa, integrada por representantes de varias entidades, que a decir del viceministro a cargo tiene entre sus objetivos generar la supervisión, así como las condiciones de la prestación de los servicios para que se efectúen de acuerdo a lo que establece la ley.
La mesa también abordó los efectos negativos de la prestación ilegal de servicios de seguridad privada, siendo estos la comisión de actos ilícitos como el tráfico de armas, el sicariato, la venta ilegal de municiones, además de promover el crimen organizado.
Otro efecto negativo es que se promueve la competencia desleal para las empresas autorizadas, se contrata personal operativo no calificado, no se tiene el registro de personal operativo contratado y no se posee el registro del armamento y equipo utilizado.
Investigan casos
Según la cartera de Gobernación ya existen algunas empresas en investigación por esta práctica y los procesos continuarán.
Es fundamental enmarcarse en la ley y que todas las personas estén bajo los parámetros legales tanto de la portación de armas, prestación de servicios, el registro, las licencias lo que sin duda conlleva una articulación de trabajo de las instituciones involucradas”, indicaron las autoridades.
Para la próxima semana se agendó una segunda reunión en la que mediante una hoja de ruta ya establecida las instituciones involucradas darán seguimiento a todo el proceso de forma periódica.