En un atiborrado tribunal de San Diego, madres migrantes arrullan a sus inquietos bebés mientras esperan su comparecencia ante un juez. Después de un breve diálogo, son enviadas de regreso a México, en donde podrían pasar meses, o incluso años, antes de que sus casos sean procesados en Estados Unidos.
A cientos de kilómetros de distancia, un juez de El Paso, Texas, notó que un bebé se estaba quejando y permitió que la madre del menor se pusiera de pie para ayudar a su hijo a eructar, después ella y alrededor de otra docena de mujeres, seis de ellas embarazadas, fueron enviadas a Ciudad Juárez, en el lado mexicano de la frontera.
Tengo miedo de regresar a México, estoy por tener a mi bebé”, le dijo al juez una mujer hondureña con un pronunciado embarazo ( evidente por el abultado vientre que estiraba su camiseta roja) mientras se sonaba la nariz.
Cerca de ahí, otra mujer hondureña esperaba junto a sus dos hijos, que comenzaron a inquietarse después de una hora de audiencia. El niño de 5 años tarareaba mientras hacía cosquillas a su hermana de 7 años.
Escenas como estas se han vuelto comunes en las últimas semanas en los juzgados fronterizos de Estados Unidos, y serán aún más frecuentes con el acuerdo que llevó al presidente Donald Trump a suspender su amenaza de imponer aranceles a las importaciones procedentes de México. Una parte fundamental del pacto indica una rápida expansión de una política que obliga a los solicitantes de asilo centroamericanos a aguardar en México en lo que sus casos son procesados por las cortes migratorias estadounidenses.
La medida tuvo un inicio modesto en enero pasado en San Diego y posteriormente se expandió a El Paso después de sobrevivir a una impugnación legal inicial de detractores que señalaban que la política era una violación a las protecciones que desde hace tiempo se les habían brindado a los solicitantes de asilo. El gobierno mexicano dijo la semana pasada que, desde finales de enero, han sido enviados de regreso a México 10 mil 393 centroamericanos para esperar a que se procesen sus casos.
El gobierno estadounidense aún no ha indicado cuándo y en dónde se expandirá la medida.
La política se enfoca en las familias centroamericanas que han copado el sistema migratorio estadounidense en los últimos meses, forzando a las autoridades a dejarlos en libertad en Estados Unidos mientras aguardan sus comparecencias ante un juez.
Con información de AP Noticias