María tomó un brebaje con semilla de aguacate, hojas de “mala madre” y otras plantas para tratar de interrumpir su embarazo, pero no funcionó y quedó sin opciones. Abortar en Venezuela es ilegal y solo es accesible clandestinamente si se tiene dinero.
De 26 años y madre de cinco niñas, María vive en la pobreza extrema, alojada en casa de una amiga en un barrio popular de Caracas.
“Uno pierde la vida pariendo, pariendo, pariendo”, dice a la AFP la joven, que pidió proteger su identidad con un nombre ficticio. “Yo no quería tener más hijos, me llené de muchachos demasiado rápido”, lamenta.
Viven con ella sus dos hijas más pequeñas, una de tres años y una bebé de diez meses. Las otras tres, una de cinco años y dos gemelas de nueve, están en casa de su abuela.
Trató de abortar en su tercer embarazo
“Intenté sacármela, tomé pepa de aguacate, remedios caseros y nunca se me salió”, cuenta María, quien confiesa que la “receta” se la dio una amiga que la había probado con éxito.
Venezuela, país fervorosamente católico y conservador, sanciona el aborto provocado con cárcel por hasta seis años. Según el código penal de 1926, reformado en 2005, las penas se reducen si busca proteger el “honor” de la mujer y su familia -sin especificar a qué se refiere ello- y se condonan si se hace para “salvar la vida” de la madre.
“Con los guarapos caseros, supuestamente, se te sale el bebé y no queda residuo de nada”, explica María. “Con las pastillas sí queda y los doctores se dan cuenta (…) y aquí tú no puedes hacer eso porque te meten preso”, subraya.
Lejos de la marea verde
Casi la mitad de los embarazos en el mundo no son deseados y 60 por ciento termina en un aborto, según la ONU, que reportó que 45% de las interrupciones son inseguras.
Venezuela no publica cifras de salud, incluidos los casos de aborto.
Una cosa es segura en medio de la opacidad existente: este país de casi 30 millones de habitantes está lejos de surfear la “marea verde” de los movimientos proaborto que bañó América Latina en los últimos años.
El aborto está despenalizado en Argentina, Colombia, Cuba, México y Uruguay, pero el tema nunca ha sido prioridad en 24 años de gobiernos del movimiento chavista gobernante.
El Parlamento, de mayoría oficialista, anunció en 2021 que legislaría sobre el asunto, pero no hay nada concreto.
“No es una prioridad (en Venezuela) que las mujeres se mueran por abortos en condiciones inseguras”, lamenta Belmar Franceschi, directora ejecutiva de la ONG Plafam, que presta orientación sexual y reproductiva.
Una maestra fue detenida en 2020 por asistir el aborto de una adolescente de 13 años, embarazada en una violación, y estuvo nueve meses bajo arresto. El agresor quedó libre.
Y en mayo pasado, la policía desmanteló una presunta “banda dedicada a promover el aborto ilegal”, que no era más que un colectivo feminista que acompañaba a mujeres que querían interrumpir su embarazo de forma segura.
Una influenciadora antiaborto en las redes sociales hizo la denuncia y publicó la foto de una mujer custodiada por un policía.
A raíz del caso, muchas activistas cesaron su actividad.