En julio del 2017, un avión alquilado por las Naciones Unidas esperaba en la pista de un aeropuerto del Cuerno de África que funcionarios autorizasen la entrega de medio millón de dosis de vacunas contra el cólera destinadas a Yemén. En medio de la catastrófica guerra civil, la enfermedad se esparcía rápidamente y todos los días se reportaban miles de casos nuevos.
Pero nunca llegó la luz verde para que el avión partiese rumbo al norte de Yemen. La ONU no pudo distribuir las vacunas sino hasta mayo del 2018 y se cree que la epidemia tiene más de un millón de casos. Es la peor epidemia de cólera de los tiempos modernos y una calamidad que expertos creen se pudo haber evitado si las vacunas llegaban antes.
Funcionarios de las Naciones Unidas atribuyen la cancelación del vuelo a las dificultades inherentes de una operación de distribución de vacunas en pleno conflicto armado. Pero funcionarios al tanto de lo sucedido dijeron a la Associated Press que la razón real fue que rebeldes hutíes que controlan el norte de Yemen se negaron a permitir la llegada de vacunas tras pasar meses pidiendo a la ONU que enviase ambulancias y otro equipo médico para sus fuerzas como condición para autorizar los envíos.
La cancelación del envío de vacunas fue tan solo uno de los numerosos tropiezos que han tenido los organismos de ayuda en su lucha contra la epidemia de cólera, que ya ha causado casi 3.000 muertes.
Personal de ayuda y funcionarios del gobierno dicen que ha habido numerosas instancias en las que elementos del gobierno hutí en el norte y del gobierno del sur han sacado provecho personal del dinero y los suministros, así como de los esfuerzos por tratar el cólera. En algunos casos, los centros que ofrecen tratamiento a personas infectadas existían solo en los papeles a pesar de que la ONU había entregado fondos para financiar esas operaciones, según dos miembros del personal de asistencia al tanto de lo que ocurrió con los centros.
La investigación de la AP incluyó documentos confidenciales y entrevistas a 29 personas, entre ellas funcionarios de los gobiernos del norte y del sur, el cual es reconocido por la comunidad internacional. Casi todos estos individuos –incluidos seis funcionarios que dicen que los hutíes fueron los responsables de que se suspendiese la entrega de vacunas en el 2017– hablaron a condición de no ser identificados por temor a represalias.