En el 14 nivel de la Torre de Tribunales, en el Juzgado de Mayor Riesgo Grupo D a cargo de Juan José Jiménez se realiza la audiencia de la revisión de la medida en el caso Libramiento de Chimaltenango; en la que 9 acusados, entre ellos el exministro de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV), José Luis Benito Ruiz; solicitarán que les otorguen libertad condicional es decir, una medida sustitutiva.
Esto, bajo el argumento de la defensa de que no existe el peligro de fuga, y que sus patrocinados son los más interesados en continuar sujetos a la investigación para resolver su situación legal y que no estarán afectando el trabajo que continúa realizando la Fscalía Especial Contra la Impunidad (FECI); que se encuentra a cargo del caso.
Bajo esas circunstancias solicitarán la medida, y también se conoce que en algunos casos pedirán que no se fije una caución económica pues al estar en prisión; los sindicados no cuentan con los recursos para cubrir el pago.
A puerta cerrada
Por orden de juez, la audiencia en mención, se celebra a puerta cerrada; unicamente con la presencia de los acusados, abogados y representantes del Ministerio Público; de esa manera se discutirá la posibilidad que el exministro pueda tener la medida que le permita regresar a su casa, mientras continúa la investigación.
De momento los abogados iniciaron con la presentación de los argumentos y se espera que en las próximas horas haya una resolución por parte del juez.
Detalles del caso
El 2 de octubre de 2019, la Fiscalía contra la Corrupción abrió una investigación de oficio para establecer responsabilidades por anomalías en la construcción del Libramiento de Chimaltenango, valorado en Q450 millones.
Dicha obra fue ejecutada durante la administración del expresidente Jimmy Morales Cabrera y su exministro José Luis Benito Ruiz.
El 10 de julio de 2020, las autoridades ejecutaron 17 capturas, además el juez citó a 3 personas para primera declaración y 8 se entregaron de manera voluntaria. Según la Fiscalía contra la Corrupción, los sospechosos participaron y permitieron la sustracción y malversación de más de Q450 millones con dicho proyecto.