El caso resultó emblemático, pues supuso la caída del gobierno de Otto Pérez Molina.
El 16 de abril de 2015, personal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y la Policía Nacional Civil ejecutó más de 40 órdenes de captura en diversos puntos del país.
A la Torre de Tribunales fueron trasladados particulares, funcionarios y funcionarios del gobierno del entonces partido patriota. Entre ellos, los exjefes de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) Carlos Muñoz y Omar Franco.
La FECI los señaló de integrar una estructura criminal, dirigida por el entonces binomio presidencial, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. Por medio de sus actividades ilícitas, habrían defraudado al Estado por Q28 millones.
Según el ente investigador, la banda se organizó para exigir cobros ilegales en tres aduanas del país, a cambio de permitir el paso de mercadería sin el debido pago de impuestos.
Aún sin juicio
Tras casi cinco años, entre recusaciones y otras acciones legales para impedir el avance del proceso judicial, finalmente el juicio se programó para marzo pasado.
Empero, este fue suspendido, debido a que Baldetti y la exintendente de Aduanas Claudia Méndez presentaron un recurso para separar del caso a una jueza del tribunal que estaría a cargo del debate oral y público.
Posteriormente, la emergencia sanitaria por el Covid-19 no permitió que esa acción se resolviera, por lo que los implicados permanecen en prisión y a la espera de una nueva fecha para enfrentar juicio.
De acuerdo con analistas, este podría llevarse a cabo hasta el próximo año.
