El titular de la Comisión Presidencial contra la Corrupción, Óscar Dávila, detalló que desde el Ejecutivo realizan las investigaciones correspondientes sobre la compra de las pruebas falsas para la detección de COVID-19; así como de posibles anomalías en la adjudicación.
Agregó que dentro de la línea de investigación que se tiene, hay alrededor de 14 y 15 personas que fueron parte del proceso de compra, entre ellas figuran; el viceministro de Hospitales Francisco Coma, la viceministra técnica Nancy Pezzarossi y el actual viceministro de cultura Ronaldo Estrada Rivera.
Indicó que están terminando unas entrevistas con personas del Ministerio de Salud, así como de otras personas ajenas, para presentar la denuncia ante el Ministerio Público; lo cual podría ser la próxima semana.
Definitivamente hay acciones, creemos nosotros de índole penal, que deben ser investigadas por el ente encargado de la persecución penal, ellos ya tienen un proceso de investigación iniciada por una denuncia presentada por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y nosotros vamos a colaborar con la información que ya tenemos de soporte”.
El funcionario se refirió al tema del viceministro de Cultura Ronaldo Estrada Rivera; que fungía como Gerente Administrativo de quien indicó que forma parte del proceso de investigación porque aparece en varias actuaciones dentro de proceso.
Nosotros vamos a perfilar algunas situaciones pero será el Ministerio Público a quien corresponde determinar la responsabilidad penal”, aseveró.
El titular de la Comisión Presidencial contra la Corrupción acudió al Congreso de la República junto a la ministra de salud, Amelia Flores; para dar detalles a los congresistas sobre la denuncia presentada por la cartera de salud respecto a la compra de pruebas que no funcionaron para la detección de COVID-19.
Detalles del contrato
Por su parte la titular de salud, Amelia Flores detalló a los diputados que el 11 de enero se tuvo la certeza de anomalías en las pruebas de Covid-19, en seguimiento a una alerta de químicos biólogos del hospital de Chimaltenango, en noviembre 2020.
El lote fue de 30 mil pruebas adquiridas a un laboratorio con sede en Estados Unidos, por un costo de Q7 millones, que se cancelaron en su totalidad.
Respecto a la distribución, 15 mil se fueron para Huehuetenango y las otras 15 mil para Chimaltenango.
Lo que resta en cada uno de los departamentos son: 14 mil 200 en Huehuetenango y 10 mil 700 en Chimaltenango.
Agregó que al notar anomalías porque la pruebas no daban ni falso ni negativo, detuvieron el uso para no poner en peligro a la gente con resultados falsos negativos.
Solicitarán lesividad
La funcionaria señala que ya se ordenó una auditoria interna y que recomendará al Presidente Alejandro Giammattei, declarar lesivo el contrato.