Los cuatro trabajadores de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico, que protestaron por años sin aumentos salariales, se negaron a ceder. Fue necesaria la intervención de una unidad especial de la policía para desalojarlos y, mientras eran esposados, uno de ellos gritó: “¡Salario justo! ¡Que nos den lo que nos deben!”.
Este es un reclamo que se ha repetido en toda la isla en las últimas semanas a medida que los empleados gubernamentales y sus efectivos salen a la calle animada por el ejemplo de los miles de maestros de escuelas públicas que, a principios de mes, abandonaron las aulas para exigir un aumento salarial y la mejora de las pensiones.
Las protestas se están multiplicando — los líderes sindicales convocaron otra para el viernes — y el descontento social es uno de los mayores desafíos para el gobernador, Pedro Pierluisi, tras un año de mandato.
Los legisladores son los únicos empleados públicos del territorio estadounidense que percibieron un incremento automático que ajusta sus salarios al costo de la vida. Los demás no han visto aumentada su paga en más de una década — de dos, en algunos casos — mientras la vida se encarece y la isla lucha por superar una larga crisis económica y una bancarrota gubernamental luego de huracanes letales, sismo y la pandemia del coronavirus.
Las facturas de la electricidad y el agua son casi un 60% más altas en Puerto Rico que el promedio estadounidense. Los comestibles son un 18% más caros que en el territorio continental, aunque los costos de la atención médica y la vivienda, entre otros, son más bajos, según el Instituto de Estadística insular.
Muchos empleados públicos tienen uno o dos trabajos adicionales para poder llegar a una final de mes.
Carlos Javier Vázquez, por ejemplo, es paramédico en la localidad montañosa de Barranquitas, y además da clase de medicina de urgencias y gestiona una empresa de ambulancias para ayudar a mantener a su esposa ya sus cuatro hijos. Es una vida agotada e insostenible, apuntó.
Pero un paramédico en Puerto Rico percibió un salario base de 1.725 dólares mensuales, así que dijo que no tiene más opción. “Es extremadamente difícil sobrevivir con eso”, afirmó.
En un intento por sofocar las movilizaciones el gobernador prometió a los maestros una subida de 1.000 dólares mensuales apenas unos días después de que el 70% de ellos abandonasen las aulas como protesta a principios de mes. Unos días después, amplió la oferta a directores de escuela, a superintendentes regionales ya otros.
Poco después, prometió un aumento de 500 dólares mensuales para los bomberos y otro del 30% para los paramédicos.
Las acciones de Pierluisi avivaron el enfado de otros empleados gubernamentales: algunos demandaron mejoras salariales y otros se molestaron con los recientes comentarios del mandatario de que nadie está obligado a ser bombero o policía.
El problema es que todas esas subidas prometidas por Pierluisi dependen de fondos federales que caducan en los próximos años, y muchas no le creen cuando se comprometió a encontrar financiación local para que la mejora sea permanente.
Esa promesa preocupa también a los economistas ya que la isla trata de reestructurar una deuda pública de 70.000 millones de dólares tras décadas de mala gestión, corrupción y préstamos excesivos que obligaron al ejecutivo a declarar la mayor bancarrota municipal en la historia de Estado Unidos en 2017 , apenas unos meses antes de que el huracán María azotara la isla.
Según Fernós, una de las causas clave que condujo a la quiebra del gobierno fue emplear financiación temporal para cubrir gastos fijos.
Rivera se mostró de acuerdo y dijo que no debería autorizarse ningún salario sin que se haya establecido una política financiera. Además, agregó que Pierluisi no debe gobernar respondiendo a los gritos.
El anuncio del gobernador se produjo unas semanas después de que la junta de control federal que supervisó las finanzas del territorio ocurrió un plan fiscal que mostró pequeñas mejoras salariales para maestros, bomberos y otros empleados. Según los supervisores, el estado de las cuentas regionales no permitía más.
Según Pierluisi, el nuevo plan de compensación entrará en vigor el próximo año y supondrá un incremento salarial para millas de empleados públicos, aunque reconoció que no podrá subir el de todos los funcionarios.
Ese mismo día, anunció un aumento del 30% en la paga de los operadores y los técnicos de emergencias médicas, incluidos los paramédicos. El jueves anunció una subida de 500 dólares mensuales para los funcionarios de prisiones.
Y aunque los economistas advierten de la falta de fondos, los líderes sindicales dicen que estas promesas son solo un buen primer paso. Sostienen que hace falta más y se quejan de que el gobierno está recortando los beneficios de las pensiones y subiendo la edad de jubilación.
Wanda Ramos, una profesora de educación especial en Caguas, dijo que la pensión que recibirá cuando se retire se redujo de 2.400 dólares mensuales a 960. Y apuntó que ahora pasa apuros tras 12 años sin una actualización de su salario.
Migdalia Santiago, quien también es maestra de educación especial, dijo que tiene problemas parecidos.
En Puerto Rico, los profesores de las escuelas públicas tienen un salario base de 1.750 dólares mensuales y reclaman un mínimo de 3.500. Por su parte, los bomberos perciben un sueldo base de 1.500 dólares y reclaman 2.500 además de mejoras en su plan de pensiones.
El líder sindical José Tirado dijo que antes los bomberos podrían retirarse a los 55 años, tras 30 de servicio, con hasta el 75% de su salario. Ahora, la edad mínima de jubilación es de 58 años y apenas percibe el 33% de su sueldo, explicado.