César Son Director interino del Registro Nacional de las Personas (RENAP), presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público en contra de la administración de Enrique Alonzo, por incumplimiento de funciones, debido a que como resultado de las auditorías internas que se realizan en la institución, detectaron que hubo retrasos en la adquisición de equipos de sistemas de mantenimientos para el RENAP.
Según el funcionario, ésta compra de equipos fue autorizada por el directorio el 7 de sepeimbre de 2018, específicamente para el departamento de registro civil, pero que pasaron más de cinco meses sin que la compra se subiera a licitación. El funcionario indicó que estos equipos ya finalizaron su vida útil, “Fueron adquiridos cuando se creó el RENAP, más de diez años…ya es necesario comprar servidores de una manera urgente”, señaló.
Son, brindó detalles sobre la auditoría que se realizó al Sistema de Registro Civil, reiteró de nuevo que no hubo pérdida de datos de los ciudadanos y que la información está debidamente resguardda por el RENAP. Sinembargo señala que hubo negligencia por parte de las autoridades anteriores. “Refleja que hay una necesidad de compra de varios equipos informáticos que son de suma urgencia para que ésta situación no vuelva a ocurrir, por lo tanto como servidor público estoy obligado a hacer las denuncias correspondientes y en este caso se consideró que hubo una negligencia por parte de las autoridades anteriores “
Las autoridades de la entidad indicaron que los cambios de equipo son necesarios para el funcionamiento adecuado del sistema y que se pueda salvaguardar de una mujer manera la información de la población, por lo que el Directorio del Renap está por aprobar una nueva licitación.
Destitución de Enrique Alonzo
Enrique Alonzo, que asumió la dirección del Renap en julio de 2017, fue destituido por el Directorio de la entidad el 19 de febrero del año pasado por varias fallas en su desempeño al frente de la institución.
Pero principalmente por fallas en el Sistema de Registro Civil que derivó en retrasos para la emisión de documentos, incluso se generó una polémica por la supuesta pérdida de información de los guatemaltecos.
También fue señalado por la contratación de personas no aptas para los perfiles y descuido en la adquisión de insumos.