Estados Unidos otorgará los recursos necesarios para que Guatemala reciba a los migrantes que sean enviados por ese gobierno, en el marco del Acuerdo de Cooperación Respecto al Examen de Solicitudes de Protección, suscrito el pasado viernes.
Así lo informó esta mañana el secretario de Seguridad Nacional de aquel país, Kevin McAleenan, tras culminar su reunión con el presidente Jimmy Morales y otros funcionarios de Estado.
A decir del estadounidense, el financiamiento se brindará por medio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Sin embargo, para que esto se concrete se precisa la ratificación del convenio, cuyo mecanismo aún está en análisis jurídico, pues debe determinarse si requiere o no su traslado al Congreso de la República.
Tanto el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, como el embajador de EE. UU. Luis Arreaga y McAleenan coincidieron en la urgencia de dar viabilidad al acuerdo, con el fin de implementar el mecanismo de asilo que permitiría disminuir la migración ilegal hacia la nación del norte.
Guatemala tiene que hacer lo suyo. El 30 por ciento de las personas retenidas en la frontera sur de Estados Unidos son guatemaltecos”, dijo McAleenan.
Tal cifra concuerda con lo manifestado previamente por Degenhart, quien hizo ver que, hasta mayo, de los 700 mil migrantes aprehendidos en aquel punto, otro 30 por ciento son hondureños y 12 por ciento más, salvadoreños.
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Esto da luces de la necesidad de accionar en el Triángulo Norte de Centroamérica, coincidieron los funcionarios.
De hecho, McAleenan manifestó que su gobierno busca firmar un acuerdo similar al de Guatemala con El Salvador y Honduras, mientras que mantiene diálogos al respecto con autoridades de Costa Rica y Panamá.
Por otra parte, la canciller Sandra Jovel indicó que de no implementarse este acuerdo tampoco se concretaría el suscrito el pasado martes por el Ministerio de Trabajo, respecto de otorgar visas laborales temporales para el sector agrícola.
Aunque el proyecto ha sido alagado por distintos sectores, su implementación se pone en riesgo si no se aprueba en definitiva el firmado entre Degenhart y McAleenan.
