Un informe difundido el pasado enero por el Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos reveló que miles de niños fueron separados antes de la política de ‘tolerancia cero’, que separaba sistemáticamente a los niños de padres migrantes que cruzaban la frontera ilegalmente.
Dana Sabraw, quien preside en una corte de San Diego una demanda colectiva a nombre de los migrantes afectados, pidió que se tome esta labor con la “misma energía” que hace un año, cuando se halló a un primer grupo de más de 2.814 niños, de los que 2.759 ya fueron entregados a sus padres o a algún familiar o persona que los represente.
El Departamento de Justicia señaló que podría tomar hasta 2 años revisar los cerca de 47.000 casos que involucran a menores sin compañía de un adulto que fueron puestos a custodia del gobierno federal entre el 1 de julio de 2017 y el 25 de junio de 2018 — un día antes de que Sabraw suspendiera de la práctica de separar familias y ordenara que los menores en custodia fueron reunidos con sus padres.
La ACLU señaló en documentos presentados esta semana en la corte que el cronograma del gobierno demostró un “insensible menosprecio” por las familias y pidió al juez que ordenara que se identificara a todas las familias separadas en un lapso de tres meses.
La política de “tolerancia cero”, cuya aplicación comenzó en abril de 2018 y que Trump tuvo que frenar con una orden ejecutiva por la presión pública y de los tribunales, propició la separación de miles de menores de edad en la frontera sur con México.