Una investigación realizada por los periodistas Luis Solano, Ellen y Jennifer Moore, expone como algunas empresas transnacionales dedicadas a la minería, abusan de la estructura de arbitraje internacional, para obtener millonarias compensaciones de países en desarrollo. Guatemala es un ejemplo. La Minera Kappes, Cassiday & Associates (KCA) intenta forzar al gobierno guatemalteco a través del arbitraje internacional para dar luz verde a la mina de oro en El Tambor en San Pedro Ayampuc, o compensar a la empresa minera por US$.400 millones el equivalente a unos Q.2,800 millones, que según ellos corresponde a una indemnización más intereses y otros gastos.
El informe del Institute for Policy Studies (IPS) de Washington, expone como la mina Kappes Cassiday & Associates (KCA) ignoró la oposición de las comunidades, incumpliendo la normativa guatemalteca y omitiendo detalles clave del caso, como el uso de violencia para abrir la mina.
Demanda es una estrategia de presión
El informe presentado indica que esta demanda no es más que una estrategia para presionar al gobierno guatemalteco para que autorice de nuevo la operación extractiva del proyecto El Tambor, ya que en caso contrario Guatemala tendría que pagar la millonaria indemnización.
Es precisamente en este punto donde la minera KCA estaría tomando ventaja del arbitraje internacional y poniendo al país en jaque.
Al respecto la investigadora Jennifer Moore indica que
“Es más fácil para las corporaciones estas demandas que poner en marcha las operaciones y hay terceros que proporcionan la financiación para las demandas”,
añadió que en las últimas décadas, el sector privado ha presentado 38 demandas de arbitraje similares contra países latinoamericanos.
¿En qué se basan para demandar?
Tras la orden de suspensión emitida por la CC, la minera utilizó una cláusula de protección de inversiones del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Centro América y República Dominicana para socilitar el arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del Grupo del Banco Mundial.
Antecedentes
Esta mina que extrae principalmente oro, comenzó sus operaciones en febrero de 2012 en un área del municipio de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo.
Aunque tramitó su licencia y documentación para operar en Guatemala, obviaron realizar la consulta popular en la comunidad donde se instalarían para conocer la posición de los pobladores.
A su llegada e inicio de operaciones, los pobladores de dicho municipio externaron su desaprobación ante los trabajos de excavación ya afectaría el agua que utilizaban y por ende su salud.
Debido a ello realizaron un plantón, que fue enfrentado en varias ocasiones por la fuerza y violencia física por parte de la seguridad de la empresa minera.
Acciones para suspender operaciones de minera
Tras una serie de procesos legales en busca de frenar las operaciones y extacciones de la empresa minera, en el 2017 la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó la suspensión de las mismas, resaltando que la decisión final fue tomado con base a la falta de consulta popular.