Este lunes se cumplen dos semanas desde que la exfiscal general Thelma Aldana salió del país, con destino a El Salvador.
La también candidata presidencial por el partido Semilla viajó hacia la nación vecina el 18 de marzo pasado, un día antes de que se hiciera oficial una orden de captura en su contra, por los delitos de peculado por sustracción en forma continuada, falsedad ideológica y casos especiales de defraudación tributaria.
El mismo día en que trascendió este hecho, el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) notificó la inscripción de Aldana como presidenciable. Sin embargo, esta aún no está en firme pues desde entonces se presentaron ocho acciones legales para impedir su participación en los comicios, con el argumento de que carece de idoneidad, por estar vinculada a supuestos casos de corrupción.
El pleno de magistrados del TSE aceptó la semana pasada tres de estas acciones y cuenta con informes de la Contraloría General de Cuentas, Corte de Constitucionalidad, Ministerio Público (MP) y Juzgado Décimo de Instancia Penal, como elementos para decidir finalmente si la exjefa del MP puede participar en la eleciones generales como presidenciable.
Entretanto, la orden de aprehensión en su contra sigue vigente en el territorio nacional, por lo que, de ingresar en él, sería detenida de inmediato, según declaró el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart.
Los señalamientos
Sobre Aldana suman ya tres denuncias por supuestos nombramientos ilegales, mientras dirigía el ente investigador.
Su orden de captura estaría relacionada con la contratación del decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de San Carlos, Gustavo Bonilla, como docente de la Unidad de Capacitación del MP. La Fiscalía de Delitos Administrativos habría detectado anomalías en esta designación.
Bonilla se benefició con más de Q253 mil producto de su contrato, según Guatecompras
Anteriormente, en diciembre pasado, la CGC la denunció penalmente, por supuestas irregularidades en la contratación de José Carlos Marroquín Pérez, a quien se le pagó Q1 millón por una asesoría. Sin embargo, el profesional nunca se presentó físicamente a laborar, pues reside en Estados Unidos.
Mediante un amparo, Aldana logró frenar temporalmente las investigaciones por este caso, pero el juzgado que la favoreció en su momento revocó el beneficio el pasado viernes.
La acción más reciente la presentó la organización Guatemala Inmortal por la contratación de Estela Judith Guerra, hija del director del Registro de Ciudadanos del TSE.
La entidad sospecha que se trataría de una plaza fantasma.
Según el portal de Guatecompras, Guerra recibió mas de Q400 mil