Recientemente, el Congreso de la República archivó la Iniciativa que disponía aprobar la ley para el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad pública y del ejército de Guatemala, identificada con el número 6076. Esta propuesta generó una discusión de diferentes sectores de la población y finalmente fue enviada a archivo.
Sin embargo, en esta ocasión el Congreso presenta una nueva propuesta de ley con el objetivo de crear un orden legal que garantice la actuación por parte de las fuerzas de seguridad, es decir, la Policía Nacional Civil, Ejército de Guatemala y el Sistema Penitenciario, con el fin de preservar el orden público, tomando en cuenta la aplicación de los Derechos Humanos.
En la propuesta se establece que las fuerzas de seguridad no podrán hacer uso de las armas de fuego como medida de advertencia únicamente el uso de la fuerza.
Misma que cambiará de acuerdo a la situación, pues la aplicación de la fuerza va desde un mínimo hasta potencialmente letal.
Para ello, las fuerzas de seguridad serán sometidas a constantes capacitaciones en materia de Derechos Humanos, no discriminación, ética y doctrina, actuaciones, códigos de conducta, entre otras, para que la aplicación de la fuerza sea racional.
En cuanto a la responsabilidad, los integrantes de las fuerzas de seguridad y en el desempeño de sus funciones, estarán sujetos de forma individual a sanciones administrativas sin perjuicio de la responsabilidad penal con garantías del procedimiento, explica la disposición que se estaría discutiendo en el Congreso.