La Fiscalía General de San Isidro, encargada de investigar la muerte de Diego A. Maradona en noviembre pasado, imputó por homicidio con dolo eventual y citó a declaración indagatoria a los siete acusados en la causa, entre ellos el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz.
Los investigadores, dirigidos por el fiscal John Broyad, tomaron la decisión de cambiar la imputación de homicidio culposo a dolo eventual luego de recibir, dos semanas atrás, las conclusiones de una junta médica integrada por 11 peritos oficiales, quienes aseguraron que Diego A. Maradona fue “echado a su suerte”.
De acuerdo con el informe pericial, el actuar del equipo de salud que atendía a Maradona “fue inadecuado, deficiente y temerario”.
El delito por el cual fueron citados prevé una pena de ocho a 25 años de cárcel. Además se les prohibió la salida del país (Argentina).
La lista de imputados se completa con los enfermeros Dahiana Madrid y Ricardo Almiron, junto a su jefe Mariano Perroni y a la persona que hacía de vínculo entre la empresa de medicina prepaga y el equipo médico de Maradona, Nancy Forlini.
Según el informe de los peritos, el equipo médico “se representó cabal y acabadamente la posibilidad del resultado fatal respecto del paciente” y sus integrantes fueron “absolutamente indiferentes a esa cuestión”.
Agrega el reporte que no modificaron “sus conductas y plan médico/asistencial trazado”, mantuvieron “las omisiones perjudiciales precedentemente apuntadas” y abandonaron “a la suerte” el estado de salud del paciente.
Los peritos apuntaron que Maradona, “al menos desde la internación en (el hospital de) IPENSA, no se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales, ni en condiciones de tomar decisiones sobre su salud”.
La junta médica concluyó que Maradona comenzó a morir “12 horas antes” de que se confirmara el deceso. En este contexto, los especialistas también se refirieron a que se haya echado a los acompañantes terapéuticos que debían controlar que el ídolo no bebiera durante su tratamiento contra el alcoholismo.
“En ningún momento se le colocaron los límites a las demandas del paciente al que debían contener, acompañar y velar por su completo bienestar”, sostuvieron.