Según el memorándum firmado por el mandatario y que sería aplicado a partir de este martes, esa suspensión de la reforma estará vigente hasta que se alcance un consenso entre el Congreso, los trabajadores de la educación y la sociedad.
La orden de López Obrador establece que será la Secretaría de Hacienda la que controle el pago de salarios de los maestros mientras que la de Educación administrará las plazas e implicará la puesta en libertad de maestros y luchadores sociales encarcelados por haberse opuesto a la reforma pero no está claro todavía qué otros efectos podrá tener.
La reforma educativa aprobada por la administración de Enrique Peña Nieto y consagrada en la constitución mexicana supuestamente suponía una modernización del sector y quitaba poder a los sindicatos, encargados hasta entonces de controlar y gestionar las contrataciones y promociones de los profesores. También pretendía acabar con la compra-venta de plazas y establecía exámenes y evaluaciones para los docentes.
Pero sus críticos argumentaban que no tomaba en cuenta las desigualdades históricas y regionales existentes en los centros educativos y ponía en riesgo la educación universal, pública y gratuita.
El exmagistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío, indicó vía Twitter que la orden de López Obrador “carece de fundamentación y motivación” y será “fácilmente impugnable jurídicamente”.