El diputado al Congreso de la República, Aldo Dávila; enfrenta dos nuevas solicitudes para el retiro de antejuicio.
Esta vez, la solicitud la presentó el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Delitos Administrativos; que determinó que el congresista pudo incurrir en delitos como abuso de autoridad, obstaculización a la acción penal e instigación a delinquir.
Las solicitudes se basan en el seguimiento a denuncias relacionadas con acciones del diputado en contra de otros funcionarios públicos como representantes de la Procuraduría General de la Nación (PGN), agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), y un mandatario judicial.
Estos son los hechos
Según el Ministerio Público, la primer denuncia ocurrió el 26 de febrero de este año, relacionada a una diligencia de inspección ocular, como parte de la investigación por un caso de usurpación (invasión de tierras) que se ventila en un juzgado de San Rosa.
Ese día el funcionario se habría dirigido de manera amenazante e intimidatoria a obstruir la justicia al personal de PGN y agentes PNC; así como al mandatario judicial de los propietarios de los inmuebles.
“Posteriormente reunión a los miembros de la invasión para presuntamente instigarlos a mantener la ocupación de las tierras”, señala el MP.
La otra denuncia se presentó el 19 de abril y llegó a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). En ese caso el agraviado es un agente de la PNC que dijo que el 12 de abril, durante un operativo de prevención por manifestaciones; el diputado presuntamente le agredió física y verbalmente.
Dos solicitudes en trámite
Con estas, son cuatro las solicitudes para el retiro de antejuicio que enfrenta el diputado Aldo Dávila; dos de ellas se encuentran en trámite y bajo el análisis de jueces pesquisidores designados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ); que tienen la función de recomendar si le retira el antejuicio al congresista.
Una de esas solicitudes que ya está en trámite la presentó el presidente del Congreso Allan Rodríguez, al indicar que Dávila tuvo una conducta inapropiada contra el ministro de Cultura y Deportes; Felipe Aguilar, durante una citación en julio.
La primera solicitud también tiene que ver con una supuesta agresión verbal a un agente de la PNC, a quien le gritó, durante una protesta el año pasado.