Un total de 20 empresas y 32 personas estarían vinculadas en el caso de lavado de dinero en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), develado este viernes por el Ministerio Público (MP).
Según el ente investigador este delito fue cometido por una estructura criminal que utilizó diferentes empresas, como sociedades anónimas, sociedades limitadas y off shore de propiedad o relacionadas con Gustavo Adolfo Herrera Castillo, para lavar el dinero obtenido de manera ilícita del IGSS.
Estos fondos serían producto de un contrato de tipo fiduciario que se había formalizado entre la entidad, un grupo empresarial y un extinto banco del sistema.
El supuesto grupo criminal está conformado por personas físicas y jurídicas y utilizó el sistema financiero, por medio de complejas transferencias de fraccionamiento en moneda local y extranjera, lo que finalmente les permitió dar apariencia legal y ocultamiento al dinero de origen ilícito, explicó el MP.
Capturas y allanamientos
Fiscales del MP, en coordinación con la Policía Nacional Civil, efectuaron este día una serie de allanamientos que dejaron como resultado 10 personas detenidas, 13 citadas a declarar y 9 pendientes de ser capturadas por un caso de supuesto lavado de dinero en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) que habría tenido lugar entre 2002 y 2004.
Entre los aprehendidos figura el exgerente del IGSS César Augusto Sandoval Morales, quien ya fue sentenciado por el desfalco de de Q350 millones en esa institución, así como Sergio Alfredo Herrera Acevedo, hijo del empresario Gustavo Herrera, señalado por ese mismo hecho y a quien nunca se logró capturar.
De hecho, tiene una nueva orden de captura internacional por este caso. Se sabe que permanece en Nicaragua, donde el año pasado se le otorgó asilo político.
Sergio Alfredo Herrera Acevedo, hijo del empresario Gustavo Herrera, estaría implicado en el hecho.
Antecedentes
Las diligencias efectuadas hoy serían en continuidad del desvío descubierto en el período citado, pues el ente investigador logró la reapertura del caso, tras descubrir la existencia de una estructura criminal organizada para lavar dinero u otros activos, específicamente producto del traslado de fondos públicos al sistema financiero.
Esto se habría hecho mediante operaciones y personas que fueron detectadas desde 2003. Aunque ya hubo sentencias al respecto, ninguno de los implicados fue condenados por lavado, según se informó.
El génesis
De acuerdo con el MP, en agosto de 2014 fue desestimada por un juez una investigación que ya se había iniciado por este hecho.
En aquel entonces, se habría descubierto el blanqueo de dinero que habría sido sustraído de los programas de salud del IGSS, por medio del Fideicomiso de Vivienda.
Las averiguaciones se dieron a raíz de un informe de la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos y la posterior denuncia del Seguro Social, en los años 2004 y 2005, respectivamente, según el MP.
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