Un derrame de al menos 3.000 litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés, en el noroeste de México, ha provocado una serie de protestas ante la “impunidad” con la que opera la empresa minera responsable de ocasionar al menos 22 desastres ecológicos en los últimos años.
Mientras las imágenes de animales muertos en los días posteriores al desastre ecológico provocado por una filial de Grupo México generaban indignación en redes, expertas consultadas aseguran que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene en sus manos la oportunidad de imponer una sanción ejemplar a una compañía que registra un largo historial de afectaciones ambientales.
Animales muertos y protestas
Dos días después del derrame ocurrido el 9 de julio en la costa de Guaymas, en el norteño estado de Sonora, comenzaron a surgir las primeras imágenes de peces muertos cerca del lugar donde ocurrió el desastre.
Posteriormente, tortugas y un lobo marino aparecieron muertos en la citada costa, a tan solo 20 kilómetros del derrame de ácido en el Mar de Cortes, en el Golfo de Baja California, lugar que el célebre oceanógrafo Jacques Cousteau nombró como “el acuario del mundo” por la gran biodiversidad marina que alberga la zona.
A pesar de que algunos usuarios atribuyeron la muerte de los animales al derrame ocasionado por Grupo México, la empresa se deslindó de dichas acusaciones, al señalar que no hay pruebas que permitan establecer las causas de la mortandad de la fauna marina.
Mientras tanto, ciudadanos protestaron el pasado 17 de julio en la ciudad de Hermosillo, capital de Sonora, para que el Gobierno intervenga en el caso y castigue a la empresa.
Un desastre “inadmisible”
Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que tomará cartas en el asunto y ya se investigan a fondo los 22 accidentes ambientales que se atribuyen a Grupo México en diferentes entidades del país.
En conferencia de prensa, el titular de la Semarnat, Víctor Toledo, calificó el derrame ocurrido en Guaymas como “inadmisible” e indicó que la dependencia federal ejercerá sus facultades para aplicar la ley e impulsar cambios necesarios en la normatividad ambiental.
“Es una situación inadmisible, por lo que vamos a realizar una revisión muy cuidadosa de esos hechos y la Semarnat emitirá una declaratoria no solo por el derrame en Guaymas, sino por todos estos casos”, dijo Toledo el pasado 16 de julio.
Al respecto, también el secretario de Medio Ambiente criticó que la empresa Grupo México no haya cumplido con el acuerdo de remediar el desastre anterior que ocasionó al verter 40 millones de sulfato de cobre acidulado a los ríos Sonora y Bacánuchi en 2014, en un incidente calificado como el mayor desastre minero en la historia del país.
“No solo ocurrió un derrame de enormes consecuencias, sino que el acuerdo que se hizo con el grupo industrial no ha sido cumplido”, agregó Toledo.
Un anuncio que devuelve la esperanza a varias organizaciones de que, a diferencia de lo que ha sucedido a lo largo de varias décadas, esta vez la empresa minera sea castigada de manera ejemplar y no con una simple multa, lo cual representará una prueba para el Gobierno de López Obrador.
