La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República integró las ternas que presentará al pleno para la elección de dos relatores titulares y dos suplentes de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPT), para el período 2024-2029.
Con la conformación de las ternas, sólo seis de 19 candidatos pasan a la fase final que es la votación que se hará en el hemiciclo parlamentario; por lo que con este procedimiento concluye el trabajo de la sala de trabajo.
“Efectivamente hemos llegado al final del proceso; fue un proceso bastante largo que requirió muchas reuniones, pero al final tenemos los nombres de las dos ternas que van a ser tomadas en cuenta por el Pleno del Congreso de la República”, expresó el presidente de la Sala Legislativa, el diputado Herbert Figueroa.
Agregó que lo único que les corresponde hacer es trasladar la información a la Junta Directiva para que lo incluya en la agenda.
¿Quiénes integran las ternas?
Como resultado del proceso que la comisión inició el pasado 18 de septiembre, los integrantes de la sala de trabajo lograron consensos para elegir a los 6 que siguen en el proceso; estos son los profesionales.
TERNA 1
Evelyn Patricia Morales Vidal
Gilma Esperanza Valladares Orellana
Jonathan Josué Mayorga Urrutia
TERNA 2
Mynor Mauricio Moto Morataya
Evelyn Fabiola Morales Chávez
Franck Steven Ríos Ríos
Cuando se realizó la convocatoria, 36 profesionales presentaron sus expedientes a la comisión, que descartó a 17 que no cumplieron con los requisitos.
Funciones de la OPT
La OPT tiene como misión prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes; ejerciendo las funciones de forma imparcial y objetiva, en el marco de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas y su Protocolo Facultativo, la Constitución Política de la República de Guatemala y demás leyes aplicables.
Su visión es lograr con acciones de prevención, que se termine toda práctica de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes para las personas privadas de libertad y población en general, con conductas institucionales y sociales del Estado que restablezcan el pleno de goce del derecho humano a la vida y el respeto a la dignidad y la persona humana.
El objetivo es impulsar los mecanismos de prevención que eviten las prácticas de tortura, otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes a nivel nacional, en el marco de los derechos humanos de los guatemaltecos, en observación de los tratados, convenciones y leyes nacionales, para fortalecer la convivencia pacífica y armoniosa de la sociedad.