El miércoles 22 de mayo se supo que una niña salvadoreña de 10 años que falleció el 29 de septiembre en un hospital de Omaha, Nebraska con fiebre y problemas respiratorios cuando estaba bajo custodia del Departamento de Salud, a la espera de ser puesta en manos de una familia de acogida.
El lunes, un adolescente guatemalteco de 16 años, Carlos Gregorio Hernández Vásquez, falleció en un centro de detención de Texas por causas aún no aclaradas. Anteriormente habían muerto, también bajo custodia, otros cuatro menores guatemaltecos: Wilmer Josué Ramírez Vásquez, de dos años; Juan de León Gutiérrez, de 16; Felipe Alonzo Gómez, de ocho; y Jakelin Caal Maquin, de siete.
La Patrulla Fronteriza interceptó a 98.977 personas en abril, un nuevo récord que eleva a 460.294 los inmigrantes arrestados este año fiscal, desde octubre. De ellos, 248.197 llegaron en familia, frente a 167.318 adultos y 44.779 menores de edad que intentaron cruzar en solitario.
La mayoría son familias centroamericanas que huyen de la violencia y la pobreza y se entregan en la frontera para solicitar asilo. En comparación en el mismo periodo del año fiscal 2017 llegaron 59.509 personas en familias, frente a 210.298 adultos y 29.590 menores en solitario.
Así, la emergencia nacional decretada por el presidente, Donald Trump, en la frontera no sólo tiene que ver con un incremento en el número de solicitantes de asilo sino en el hecho de que los recién llegados tras un largo y duro viaje son más vulnerables: familias con niños pequeños o menores de edad solos.
Y no sólo el viaje es largo y duro: los propios inmigrantes han denunciado las terribles condiciones de su encierro en centros de detención.
Ese centro de McAllen fue donde murió el lunes Carlos Hernández Vásquez. Sólo unas horas después, fue puesto en cuarentena por una epidemia de gripe. El centro está a su máxima capacidad, con unos 2.500 detenidos.
En marzo, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, admitió que llegaban inmigrantes con enfermedades graves.
El Congreso, entre tanto, sigue sin aprobar los 4.500 millones de dólares requeridos por el Gobierno para la crisis en la frontera, que, aunque no incluye fondos para el muro prometido por Trump, sí prevé aumentar el número de detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ahora tiene dinero para 45.000 aunque mantiene bajo custodia a más de 50.000).
En concreto, serían 1.100 millones para ICE y operaciones similares, y 3.300 millones para asistencia médica y humanitaria a los inmigrantes en la frontera. Los demócratas están de acuerdo con la segunda parte pero no con la primera, así que los fondos están retenidos por el enfrentamiento político con los republicanos.