Fue judicializada una denuncia en contra de Juan Francisco Sandoval Alfaro, ex titular de la FECI, así como la ex Fiscal General Thelma Esperanza Aldana Hernández, cuando estaban activos en sus funciones como funcionarios públicos.
En el expediente número MP 001-2020-25589 donde el Misterio Público, (MP) solicita al juez del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, del municipio y departamento de Guatemala.
El MP en el ejercicio de la acción penal, actúa por medio de la suscrita Auxiliar Fiscal I, de la Fiscalía de Asuntos Internos en el ejercicio del mandato regulado en el artículo 251 de la constitución política de la República de Guatemala comparece ante el órgano jurisdiccional en ejercicio de las facultades otorgadas para la ley comparezco a solicitar control jurisdiccional y autorización judicial para requerir información a entidades privadas y públicas.
Se expone: la Fiscalía de Asuntos internos del Ministerio Público se encuentra realizando investigación por denuncia interpuesta por Igor Bitkov en fecha 18 de mayo del año 2020 manifiesta el denunciante que las personas denunciadas así como otras autoridades del Ministerio Público y CICIG obstruyeron la justicia con el objeto de favorecer a una Estructura Criminal Transnacional de Narcotráfico del mandatario venezolano Nicolás Maduro indica que entre las personas que fueron favorecidas se encuentran Diosdado Cabello, Socorro Urandeta y Enoc Martínez, todos de nacionalidad venezolana quiénes presuntamente realizar Lavado de Dinero por medio de la empresa de HK FINANCE INC, a través de un banco del sistema lo cual fue investigado por la Fiscalía de Lavado de dinero en una causa penal dicha denuncia es en contra de ex empleados del ministerio público siendo estos Juan Francisco Sandoval Alfaro cuando fungió como fiscal de sección de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad y Thelma Esperanza Aldana Hernández cuando función como Fiscal General y Jefe del Ministerio Público así como cualquier otro empleado del ministerio público que resulte responsable de los hechos.