Unas 2 mil unidades de transporte pesado y de pasajeros protagonizarían el próximo sábado una caravana, la cual tendrá como fin protestar contra la implementación de reguladores de velocidad en esos vehículos.
Rony Mendoza, presidente de la Asociación de Pilotos de Transporte Pesado, dijo que la actividad se iniciará a las 6:30, en el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico.
La intención es trasladarse hasta el Congreso, donde se solicitará nuevamente a los diputados la instalación de una mesa técnica para discutir el tema y encontrar una opción viable para sancionar el exceso de velocidad, que no implique la colocación de reguladores, dijo.
Representantes de los empresarios del transporte y los pilotos consideran que se debe sancionar a los conductores y no implementar reguladores de velocidad.
Otras medidas
La caravana sería la antesala de una junta con integrantes de la Comisión de Comunicaciones del Legislativo, a la cual se le solicitó audiencia para el próximo 6 de noviembre, ocho días antes de que cobre vigencia la normativa que obliga a instalar el mecanismo citado.
Itiel Ordóñez, representante de los empresarios del sector, manifestó que a esa reunión asistirían delegados de transportistas extraurbanos de todo el país y confirmó el paro nacional anunciado para el 14 de noviembre, si no se atienden sus demandas.
Ordóñez reiteró que ese gremio no se opone a la regulación de la velocidad en las unidades, pero hizo ver que con la instalación de reguladores se afecta al empresariado, pues estos tienen un precio elevado.
En su opinión, si las autoridades de Tránsito identifican transgresiones a los límites de velocidad permitidos, deben imponer multas a los conductores.
El empresario no tiene que pagar por los errores de los pilotos”, expresó.
El descontento
Según el Reglamento de la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial, los automotores tienen como límite el 14 de noviembre para implementar un mecanismo en las unidades de transporte pesado y de pasajeros que no les permita exceder los 80 kilómetros por hora.
Cada vehículo debe contar con un certificado de implementación, con vigencia de cinco años. Este debe ser otorgado por la Dirección de Protección y Seguridad Vial y refrendado por el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC).
De no contar con el documento, los propietarios enfrentarían sanciones, como la suspensión del servicio automotor por seis meses y una multa equivalente a cinco o hasta diez salarios mínimos vigentes.
La normativa tiene como finalidad disminuir los índices de accidentes de tránsito, pero según el gremio en mención esta no es la solución al problema.
Según los transportistas, es más factible el uso de pistolas para medir la velocidad a la que se conducen los pilotos.
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