Tras una noche de disturbios que incluyó la quema de oficinas públicas, la región boliviana de Santa Cruz se hallaba bajo tensión el jueves a la espera de la respuesta que darán las instituciones a la detención del gobernador Luis Fernando Camacho, el principal líder de la oposición.
Camacho pasó la noche en una celda policial de La Paz para responder por cargos de presunto terrorismo con relación a la crisis de 2019 que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales tras unas elecciones denunciadas de fraudulentas.
Detenido la víspera por la policía en cumplimiento de una orden de la Fiscalía, Camacho fue traído a La Paz y espera una audiencia con un juez que podría decidir enviarlo a prisión preventiva u otorgarle arresto domiciliario.
En su audiencia ante el fiscal que lleva el caso, Camacho se acogió al silencio pero entregó una nota a través de su defensa en la que dijo que “mi única culpa es haber defendido la democracia y haber detenido al fraude”.
En tanto, el poderoso Comité Cívico de Santa Cruz -que lidera las protestas regionales del ala dura de la derecha boliviana-, anunció una reunión al mediodía para definir “una respuesta contundente” al gobierno, al que acusa de impulsar una “persecución política”, dijo su presidente Rómulo Calvo.
Camacho es acusado de presunto terrorismo por miembros del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), cuyo líder es Morales, quien aplaudió su detención y pidió “procesar también a los cómplices” del gobernador.
Morales alega que fue víctima de un golpe de Estado de la derecha tras las elecciones de 2019 en las que buscaba un cuarto mandato consecutivo y denunciadas de fraudulentas por la misión de observadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
En poco más de 20 días de protestas 37 personas murieron en las calles. La oposición alega que fue una sucesión constitucional tras la renuncia de Morales ante una rebelión popular frente al fraude. Camacho lideró esas manifestaciones callejeras.
Por esos hechos fue condenada a 10 años de cárcel la expresidenta interina Jeanine Áñez y más de medio centenar de lideres opositores y militares están en la cárcel y procesados por supuesta conspiración y terrorismo.
Camacho también lideró un paro de 37 días en Santa Cruz entre octubre y noviembre en contra del gobierno de Luis Arce -heredero político de Morales- para exigir que un censo de población se realice en 2023 para lograr que su región gane más escaños en el Legislativo.