Las víctimas de abuso y sus defensores dijeron que la nueva ley representa un avance, pero no lo suficiente porque no requiere que los delitos sean reportados a la policía y esencialmente asigna a los propios obispos desacreditados por haber manejado mal el abuso durante décadas con el manejo interno de los casos.
La nueva ley ofrece protección a cualquiera que haga la denuncia y ordena a todas las diócesis que instalen un sistema para recibir las denuncias de forma confidencial. También establece procedimientos para hacer investigaciones preliminares cuando el acusado es un obispo, cardenal o superior religioso.
Se trata de una nueva iniciativa de Francisco para responder al estallido global de escándalos por abusos sexuales e intentos de encubrirlos, que ha devastado la credibilidad de la cúpula de la Iglesia católica y de su propio pontificado. La medida ofrece un nuevo marco legal para los obispos estadounidenses, que se preparan para introducir medidas de control el mes que viene en respuesta al escándalo en su país.
La ley convierte a los 415.000 sacerdotes católicos y 660.000 religiosas del mundo en informantes obligados. Eso significa que se les exige informar a las autoridades eclesiásticas cuando sepan o tengan “motivos bien fundados para creer” que un clérigo o hermana ha cometido abusos sexuales a un menor, ha entablado relaciones sexuales indebidas con un adulto, posee pornografía infantil o es un superior que ha ocultado cualquiera de esos delitos.
La ley no requiere reportarlos a la policía, como han exigido las víctimas. El Vaticano alega desde hace tiempo que una ley universal de denuncia es imposible dada la diversidad de los sistemas legales, y que ésta pondría en peligro a la Iglesia en zonas donde los católicos son una minoría perseguida. Sin embargo, sí especifica por primera vez en una norma universal para la institución que se debe cumplir con los requisitos de la ley civil sobre denuncias del lugar donde se reside, y que la obligación de denunciar los hechos a la iglesia no interfiere con eso.
Los delitos a denunciar son, según la ley: realizar actos sexuales con un menor o una persona vulnerable; obligar a un adulto “mediante violencia o amenaza o abuso de autoridad a realizar o someterse a actos sexuales”, y la producción, posesión o distribución de pornografía infantil. Se define el encubrimiento como “acciones u omisiones tendientes a interferir con o evitar las investigaciones civiles o canónicas”.
En otra innovación legal vaticana, el papa ordenó que la jerarquía acoja, escuche y apoye a las víctimas que denuncian abusos, y les ofrezca asistencia espiritual, médica y psicológica