Estados Unidos y México, autores de la resolución de 10 páginas, aplazaron la votación el miércoles para revisar el texto a fin de ganar mayor apoyo entre los miembros del Consejo y finalmente obtuvieron la aprobación de las 15 naciones.
La embajadora estadounidense Linda Thomas-Greenfields declaró inmediatamente después de la votación que se había dado un primer paso para ayudar al pueblo de Haití y que se preparó una segunda resolución para ayudar a restaurar la seguridad en la nación caribeña en crisis.
El texto definitivo eliminó la referencia a un pedido hecho el 7 de octubre por el Consejo de Ministros de Haití de enviar con urgencia una fuerza militar internacional para enfrentar la violencia y mitigar la crisis humanitaria.
También se eliminó la mención de una carta del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, fechada el 8 de octubre, que presentó alternativas para ayudar a la Policía Nacional haitiana a combatir la violencia de las pandillas.
Una segunda resolución que estaba en proceso de elaboración el jueves por la noche utilizada de la lucha contra la violencia. De ser aprobado, autorizaría el envío de una fuerza internacional para ayudar a mejorar la seguridad en el país.
Thomas-Greenfields dijo el lunes que la misión “no-ONU” sería limitada en cuanto al tiempo y los alcances y que la encabezaría un “país socio” no especificado, con mandato de emplear la fuerza militar en caso necesario.
La resolución sobre sanciones nombró únicamente a Jimmy “Barbecue” Cherizier, cuya pandilla ha bloqueado una terminal crucial de combustibles, lo que ha provocado una escasez grave. Cherizier, un expolicía que es el cabecilla de una alianza de pandillas llamada G9 Familia y Aliados, sería sancionado con prohibición de viajar, congelamiento de bienes y embargo de armas si se aprueba la resolución.
La resolución crearía un comité del Consejo de Seguridad para imponer sanciones a otros individuos y grupos cuyas acciones atentan contra la paz, la seguridad o la estabilidad de la nación más pobre del hemisferio occidental. Las actividades sancionadas serán la delincuencia, la violencia, el tráfico de armas, las violaciones de los derechos humanos y la obstrucción de envíos de ayuda.
La inestabilidad política reina en Haití desde el asesinato el año pasado y aún no esclarecido, del presidente Jovenel Moïse, a quien la oposición acusó de corrupción y exigió su renuncia. Moïse disolvió el Parlamento en enero de 2020 después de que los legisladores no puedan superar un impasse político y convocar a elecciones el año anterior.