El titular de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP), Kevin López Oliva, rechazó los señalamientos sobre un supuesto uso de fuerza desmedida y abusos de parte de las autoridades que cumplieron un operativo de desalojo ordenado por un juez en la finca Chabilan, del municipio El Estor, Izabal.
En el desalojo de personas que ocupaban ilegalmente la finca, “se siguieron los protocolos” de observancia de los derechos humanos y se respetaron en todo momento sus garantías esenciales, sostuvo el funcionario en una declaración de prensa.
Afirmó que en el proceso se privilegió el diálogo con los vecinos del lugar y no se reaccionó con la fuerza, pese a que las autoridades fueron recibidas por un grupo de supuestos habitantes de la finca, embozados y armados con machetes, palos y piedras, que intentaron agredir a las autoridades que con orden de juez se hicieron presentes en el lugar.
Además, lamentó la “manipulación mediática” propiciada por algunos sectores de prensa que atribuyen al Gobierno responsabilidad en el presunto desalojo violento de la fincha Chabilan que habría incluido el incendio de los ranchos del lugar.
Elementos de la PNC
Personal de las siete instituciones que participaron en el desalojo a cargo de la Policía Nacional Civil (PNC), como la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la Nación, y el Ministerio Público, documentaron los hechos que desvirtúan los señalamientos contra el Gobierno, puntualizó.
Por lo tanto, desmentimos las versiones infundadas del uso de la fuerza excesiva y “rechazamos la connotación negativa derivada” de una supuesta violencia atribuida, con “mala intención” al Gobierno central de parte de algunos sectores de prensa y grupos interesados, reiteró López Oliva.
En tanto, el vocero de la PNC, Jorge Aguilar, ratificó que el desalojo fue pacífico pese a la agresividad de los supuestos habitantes de la finca, ocupada de manera ilegal, y coincidió con el titular de la SCSP en que el operativo se cumplió “con plena observancia interinstitucional” del respeto a los derechos humanos y de los protocolos previstos en la materia.
La PNC sostuvo que el operativo se llevó a cabo el martes “con presencia” del juez de Paz y de delegados de la Procuraduría de Derechos Humanos que atestiguaron que el desalojo se llevará a cabo sin abusos contra los ocupantes de la finca.