“El Ministerio Público goza de plena independencia para ejercer las funciones que la ley le confiere”, por lo que ninguna autoridad podrá dar instrucciones al fiscal general o sus subordinados, respecto a la forma de llevar adelante la investigación penal”, reza un comunicado emitido este miércoles por la titular de esa entidad, Consuelo Porras.
El documento fue difundido en las redes sociales y hace alusión a un amparo interpuesto por la supuesta tardanza en la presentación de una investigación contra la candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres, y otros miembros de ese partido.
Desde que ingresa un caso al Despacho Superior, se tienen diversos procedimientos internos para su estudio y análisis técnico-jurídico, para determinar la procedencia o no de la judicialización”, se explica.
De esta cuenta, para la presentación del caso se hicieron varias correcciones y se establecieron distintos análisis jurídicos, con el consentimiento del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, se señala.
Esto tendría como fin asegurar cada uno de los elementos sustanciales de la imputación, cita el texto, y se hace énfasis en que, en conjunto con Sandoval, se establecieron diversas correcciones, observaciones y elementos indispensables de los que carecía inicialmente el caso.
Los tiempos de la investigación no son políticos, sino técnicos, por lo que es irresponsable judicializar un caso”, dice el comunicado.
Porras reiteró que se puede tener certeza de que cada caso sometido a su consentimiento se realizará de manera objetiva, imparcial, técnica y con responsabilidad.
Denunciaron a jefe de la FECI
Por el caso en mención, el pasado lunes, un grupo de diputados de la UNE denunció penalmente a Sandoval y otros dos fiscales, a quienes acusan de incumplimiento de deberes, entre otros delitos, por su supuesta negligencia en el resguardo de evidencias.
La acción legal se dio por la filtración de audios en el que se aprecia una conversación entre la presidenciable y el empresario Gustavo Alejos. Supuestamente, ambos abordaban la posibilidad de contar con financiamiento para el proceso electoral de 2015.
Tenemos información de que se habría sustraído información de la Unidad de Métodos Especiales, la cual se estaría comercializando al mejor postor, con el fin de dañar el proceso electoral y afectar a candidatos”, denunció en ese entonces el legislador Óscar Argueta.