La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó el miércoles preocupación de que las recientes sanciones que impuso Estados Unidos a la petrolera estatal venezolana puedan agravar la crisis económica y social que afronta Venezuela.
Durante el cuadragésimo periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Bachelet además admitió, en la presentación del informe oral sobre Venezuela, preocupación por el impacto de la crisis en los derechos humanos y la “reducción del espacio democrático” ante la “criminalización” continua de las protestas y la disidencia.
El pronunciamiento de la expresidenta chilena coincide con una visita al país de dos semanas que inició el 11 de marzo una misión técnica de la organización para elaborar un informe que sirva de base para un posible viaje de Bachelet a Caracas.
La visita de la misión, para la que Bachelet pidió acceso sin obstáculos y ningún tipo de represalias para los que hablen con los comisionados, ha generado gran expectativa y reacciones favorables entre los activistas que han advertido que si las autoridades no le permite hablar libremente con las víctimas de violaciones de derechos humanos y presos políticos será una “visita turística”.
En su informe Bachelet indicó que el alcance y la gravedad de las crisis en los alimentos, la atención de la salud y los servicios básicos “no han sido plenamente reconocidos por las autoridades”, por lo que las medidas que han adoptado han sido “insuficientes”.
En medio del complejo contexto, Venezuela enfrentó la semana pasada un apagón nacional de cuatro días, que según la alta comisionada ha “exacerbado” la situación reduciendo aún más el acceso de las personas a los alimentos, agua y medicamentos, y ha afectado gravemente a los hospitales.
El gobierno de Nicolás Maduro ha alegado que las sanciones que viene aplicando Washington a Venezuela desde 2017 han desatado la profunda crisis económica y social, pero analistas sostienen que la inflación, la escasez de bienes básicos y la recesión se arrastran desde hace más de cuatro años como consecuencias las distorsiones generadas por las políticas estatales de controles.
