Stuardo Campo, jefe de la Fiscalía contra la Corrupción detalló que las órdenes de captura fueron giradas por el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Zacapa, cuyo juez es el contralor del caso. El funcionario dijo que las diligencias se realizan en la cabecera departamental y los municipios de Huité y Teculután, y que hasta ahora se registran 10 capturas.
También añadió que se sabe que tres de los sindicados no se encuentran en territorio nacional, por lo que se evaluará si procede emitir una alerta a la interpol.
Detalles de la investigación
Los hechos anómalos se registraron entre el 2016 y 2017, indicó Campo, tiempo en el que este grupo de personas “se concertó para sustraer fondos de la comuna y defraudar el patrimonio municipal a través de presentación y cobro de servicios que en ningún momento fueron prestados”.
En el hecho se presume que participaron varios exfuncionarios de la administración financiera integrada municipal, implicada en estos hechos, y proveedores que prestaron sus nombres y sus empresas y sus facturas para cometer el fraude.
La fiscalía ha estimado tipificar provisionalmente los hechos dentro de varios delitos, entre los mas relevantes están; peculado por sustracción, fraude, lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.
De manera preliminar se sabe que el monto defraudado asciende a 3 millones 500 mil, pero podría aumentar debido a que la investigación se desarrollará en los próximos meses.
Modus Operandi
Las pesquisas refieren que la estructura emitió cheques sin ninguna base legal ni documentación de soporte, tanto a nombre de algunos funcionarios de la municipalidad como de personas particulares que no tenían relación comercial o contractual con la comuna.
En otra de las tipologías utilizadas, determinados proveedores presentaron facturas que fueron pagadas por la muncipalidad sinembargo en ningun momento fueron prestados los servicios, además se detectaron operaciones anómalas en los sistemas informáticos, “específicamente en el sistema de contabilidad integrada de gobiernos locales denominado, Sicoin GL en donde se justificaban estas erogaciones dinerarias con información que era totalmente falsa porque al verificar los cheques estos eran girados a nombre de personas que no tenían ningún vinculo con la municipalidad, y en caso de los que sí eran proveedores se logró determinar por medio de investigación y auditoría practicada por la Contraloría General de Cuentas que los servicios no fueron prestados”.