El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, está contra las cuerdas luego de haberse filtrado una conversación privada de Telegram con otros allegados a su Administración donde se expresaron mensajes violentos, misóginos y homófobos. Aquella situación desató una fuerte reacción social durante diez días consecutivos, cuando miles de personas se manifestaron en las calles para pedir la renuncia del político.
En ese chat, revelado el sábado 13 de julio por el Centro de Periodismo Investigativo, se conversó sobre asuntos de política pública y estrategias de comunicación para defender la imagen de Rosselló y atacar a sus adversarios. La ira de gran parte de la sociedad local estalló al conocerse el tono agresivo de esa comunicación.
Eventual salida del Gobierno
El dirigente local podría dejar la Gobernación por decisión propia o mediante un mecanismo parlamentario que concluya en su expulsión. Hasta ahora, estos son los dos escenarios factibles ante un posible cambio de mando, que incluyen la designación de un sucesor.
Aquí radica el reclamo general, pero el dirigente ya dijo públicamente en varias oportunidades que no pretende abandonar su cargo, cuyo mandato termina en un año y medio. No obstante, el domingo se vio obligado a anunciar que no se postulará para una reelección.
Además, mientras se agranda la polémica, abandonó la dirección de su fuerza partidaria, el Partido Nuevo Progresista (PNP). Así, resta por ver si sostiene su decisión de continuar y si obtiene los apoyos necesarios para mantener su Administración en funcionamiento.
Rosselló tiene chances de ser sometido a un “residenciamiento”, o juicio político, en el Capitolio de la isla caribeña, situación que podría concluir en su destitución. Por lo pronto, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez Núñez, está esperando el informe del Comité Especial Asesor para decidir si se lleva adelante el proceso, aunque las consideraciones de aquel grupo de juristas no son determinantes.
Asimismo, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico se adelantó y emitió un comunicado el jueves donde consideró que hay elementos suficientes para que la asamblea legislativa decida si debe expulsar o no al gobernador. Tras estudiar las 889 páginas del chat filtrado, la asociación sostuvo que se debería analizar la posible concreción de los siguientes delitos: enriquecimiento ilícito, malversación de fondos públicos, intervención indebida en las operaciones gubernamentales y amenaza o incitación a la violencia, entre los más destacables.
En caso de continuar, sería la primera vez en la historia de la isla que se produce un “residenciamiento”. Este dato es importante porque el Tribunal Supremo no tiene antecedentes: puede generarse cualquier resultado, no hay ejemplos del pasado en los cuales basar una resolución. Además, la Constitución de ese estado no detalla el tiempo que debería durar este mecanismo parlamentario, aunque tal vez ello se conozca con el correr de los días si la medida prosigue.
Por otro lado, no es necesario que exista una causa penal previa contra Roselló, pero sí se requiere una gran coordinación política: para que la Cámara formule una acusación se debe contar con dos terceras partes de sus miembros, es decir, 34 votos de 51 totales. A su vez, para que el Senado pueda emitir su veredicto final tienen que participar 23 legisladores de 30, equivalentes a tres cuartas partes.
Si queda vacante el puesto de gobernador, se estipulaba que el cargo sería ocupado por el secretario de Estado, Luis Gerardo Rivera Marín. No obstante, el funcionario presentó su renuncia luego de que se diera a conocer el escándalo, y su puesto fue ocupado por María Marcano. Suponiendo que surja un imprevisto y la Secretaría de Estado también quede libre, la Gobernación recaería en la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced.
Si continúa en el puesto de gobernador
Si consigue sostener su cargo, igualmente deberá enfrentar el repudio social, una asamblea liderada por una mayoría partidaria que ya no dirige, renuncias de otros asesores, un polémico caso de corrupción que recientemente privó de su libertad a dos funcionarias isleñas y una tensa relación con el Gobierno de Donald Trump. Nada fácil.
- Reconciliación con el pueblo
En caso de que el gobernador salga airoso del proceso destituyente contemplado en la Constitución, urgirá recomponer la relación con parte de la sociedad puertorriqueña que se manifiesta exigiendo su dimisión. Por ahora, Rosselló comenzó pidiendo disculpas públicas por sus mensajes agresivos, que habían sido enviados en un entorno privado. Sin embargo, se espera un nuevo paro nacional este sábado a las 9 (hora local).
- Rearmar la Administración
Por lo pronto, la Administración ya empezó a atravesar cambios tras producirse las renuncias de varios funcionarios: Christian Sobrino, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), y Luis G. Rivera Marín, secretario de Estado, ambos participantes del chat, dimitieron apenas se conoció la filtración.
Más allá de la restructuración que se produzca, resta por ver cómo avanza el caso de aparente corrupción que envuelve al Gobierno: en las últimas semanas seis altos funcionarios y contratistas fueron detenidos por el presunto desvío de fondos hacia la firma de contabilidad BDO Puerto Rico, investigado por el FBI. Entre las detenciones sobresalen los nombres de Julia Keleher, exsecretaria de Educación, y Ángela Ávila, exdirectora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud (ASES), privadas de su libertad el 10 de julio.