Abogados de la ACLU, como se conoce a la organización, y de otras entidades presentaron en Tucson la querella contra funcionarios que trabajaron o trabajan en el gobierno del presidente Donald Trump, argumentando que el gobierno violó los derechos de los inmigrantes y traumatizó profundamente a unos 4.000 niños que fueron separados de sus padres tras cruzar la frontera de manera ilegal. La mayoría de las familias son de Centroamérica y muchos solicitaron asilo.
Las separaciones de familias comenzaron a gran escala a principios del 2018 y fueron calificadas como inhumanas. Trump puso fin a la política en junio del 2018 con una orden ejecutiva, y un juez federal en San Diego ordenó que 2.700 niños fueran reunidos con sus padres, aunque algunos activistas dicen que muchos más fueron separados.
El gobierno llevó a cabo las separaciones de familias sin tener un plan de reunificación. A miles de padres no se les dijo dónde estarían sus hijos, y la agencia federal que albergó a los niños tras ser detenidos no siempre estuvo segura de si habían viajado con un padre. La situación se volvió caótica cuando los padres no pudieron encontrar a sus hijos. En algunos casos, los padres fueron deportados sin sus hijos.
La ACLU pidió que la demanda tenga estatus colectivo, o sea que si gana pueda abarcar y beneficiar a miles de familias que ahora no son demandantes en la querella. Los abogados no mencionaron una cifra, pero también han presentado quejas ante el Departamento de Seguridad Nacional pidiendo 3 millones de dólares por familia. Esas demandas podrían eventualmente ser juntadas con esta querella.
“Creemos que la separación de familias fue sin precedentes y tan extrema que si alguna vez hubo un caso que merecía indemnización, es este”, dijo el abogado de la ACLU Lee Gelernt.
