La mayoría oficialista en la Cámara de Diputados aprobó este miércoles una iniciativa que faculta al presidente de México a liberar a personas sentenciadas o en proceso judicial que colaboren en el esclarecimiento de delitos.
Esta reforma ya había sido avalada por el Senado días atrás, por lo que se envió al Ejecutivo para que sea publicada y entre en vigor.
Con 258 votos a favor, 205 en contra y 1 abstención, queda aprobado, en lo general, el dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 9 a la Ley de Amnistía, informó en la red social X la Cámara de Diputados.
Según la exposición de motivos, la iniciativa busca que se pueda otorgar «la amnistía de manera directa, sin sujetarse al procedimiento establecido, a personas procesadas, sentenciadas y que aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes».
López Obrador, a pregunta expresa de periodistas en su conferencia matutina de este miércoles, dijo que con esta reforma podría dar la amnistía a por ejemplo en el caso de la desaparición, ocurrida en 2014, de los 43 estudiantes de la escuela de maestros de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero (sur).
«Nos importa mucho saber dónde están los jóvenes, entregar a los jóvenes dijo sobre este caso que desató una ola de protestas en todo el mundo y que se comprometió a resolver cuando inició su gobierno, en diciembre de 2018.
La iniciativa fue criticada por opositores, que la consideraron propia de «regímenes totalitarios» o que equivaldría a dar las llaves de las cárceles al presidente.
Por otro lado, los legisladores oficialistas aprobaron también modificaciones a la ley de amparo que apunta a limitar las facultades de los jueces para suspender la aplicación de leyes que sean objeto de juicios constitucionales.
Las normas que son blanco de controversias han quedado sin efecto a la espera de que sean resueltas por la Suprema Corte, pero con esta reforma, ya aprobada por el Senado, podrían entrar en vigor.
La oposición advirtió que recurrirá al máximo tribunal para impugnar la reforma por considerar atenta contra la independencia del poder Judicial.
Esto ocurre luego de que distintas leyes promovidas por López Obrador han sido impugnadas ante la Suprema Corte.
Estas modificaciones son aprobadas en el último tramo del gobierno el izquierdista, quien el 1 de octubre debe entregar la presidencia.