El Ministerio Público (MP) de Guatemala emitió un nuevo llamado a las autoridades para que acaten la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC); en ese sentido enfatiza la necesidad de liberar el acceso al edificio de la sede central, ubicado en barrio Gerona en la zona 1 capitalina.
Destaca que desde el 2 de octubre el acceso al edificio está vedado por varias personas; lo cual asegura, le impide que ejerza su trabajo en cuanto a promover la persecución penal y la investigación de delitos; además que atenta contra los derechos humanos de las víctimas.
“Por tanto, el Ministerio Público reitera el llamado a las autoridades responsables de la seguridad nacional a cumplir con lo ordenado por la Honorable Corte de Constitucionalidad y garantizar el acceso a la justicia y el respeto de los derechos de todos los guatemaltecos”.
El ente investigador señala que como lo manda la Carta Magna, continúa firme en sus investigaciones y “reitera la necesidad que las autoridades responsables cumplan con su mandato legal y permitan recuperar el acceso al edificio para poder garantizar la averiguación de la verdad y dar a conocer los resultados de las investigaciones al pueblo de Guatemala”.
Recurso para la debida ejecución
El pronunciamiento del MP se da horas después de que la Corte de Constitucionalidad atendiera su solicitud de asistencia para la debida ejecución presentada el 8 de octubre, en torno al amparo que promovió el Procurador de los Derechos Humanos (PDH) que ordenó el retiro de los bloqueos.
“Con la resolución que emitió la CC se ordena que las autoridades impugnadas garanticen la interrelación de los diversos derechos constitucionales que asisten a todos los guatemaltecos, en aras del mantenimiento del orden público y de esa manera que todos los derechos coexistan con el derecho a manifestar, ya que un bloqueo implica una acción fuera de la ley”, señala el ente investigador en un comunicado.
Agrega que la corte también exhorta al MP para que proceda diligentemente, apegado a los principios que rigen el proceso penal y cuidando cumplir estrictamente los plazos procesales establecidos en ley, concluyendo a la brevedad su investigación y realizar las diligencias judiciales necesarias que la situación amerita.
En la resolución del amparo la CC también recomienda a las autoridades el uso de la fuerza pública como última medida y sólo cuando sea absolutamente necesario y en casos excepcionales; es decir, cuando la manifestación no sea pacífica o haya indicios de violencia grave.