La resolución aprobada por 332 votos contra 25 y 39 abstenciones pide al Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea y a los países miembros aplicar sanciones individuales –como prohibición de visas y congelamiento de activos– a “individuos responsables de abusos de los derechos humanos” en Nicaragua.
El Parlamento Europeo volvió a demandar a Ortega la liberación incondicional de los detenidos considerados presos políticos (unos 770, según la oposición), así como el fin de la represión y del hostigamiento a los adversarios del gobierno.
Los eurodiputados exigieron la restitución de la personalidad jurídica a una decena de organizaciones no gubernamentales que fueron proscritas en diciembre, entre éstas, ONG que trabajan en salud, desarrollo rural y derechos humanos. Asimismo, solicitaron activar la “cláusula democrática” del Acuerdo de Asociación que une a Nicaragua con la Unión Europea, la cual condiciona sus nexos con terceros países al respeto de tratados internacionales y derechos humanos. De no hacerlo, se podrían suspender las relaciones comerciales y de cooperación entre el país y la UE, su tercer socio comercial.
Mientras tanto, en Managua se reanudaron las negociaciones entre el gobierno y la Alianza Cívica, que se habían suspendido la semana pasada, para intentar resolver la crisis política que estalló con protestas sociales en abril de 2018.
Si bien la oposición había condicionado su regreso al diálogo a la “liberación total e inmediata” de todas las personas detenidas, una parte de la Alianza aceptó el miércoles una propuesta de Ortega para excarcelar “un núcleo apreciable” a cambio de la reanudación de las conversaciones.
El catedrático Carlos Tunnermann, uno de los negociadores de la Alianza Cívica, dijo a periodistas que el enviado de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Ángel Rosadilla, y el nuncio apostólico, Waldemar Sommertag, están actuando como testigos y acompañantes de la negociación, que se reinició después de cuatro días de parálisis.
Los delegados del gobierno “no se quisieron comprometer con un número (de prisioneros a liberar), pero será un número apreciable”, aseguró Tunnermann. Aclaró que inicialmente saldrán bajo libertad condicional y agregó que una parte de lo acordado, en presencia del enviado de la OEA y del nuncio apostólico, es la formación de una comisión que elaborará un cronograma para asegurar “la salida ordenada de todos los presos políticos”.