Fue presentada la Política Pública de Protección a la Vida y la Institucionalidad de la Familia, como un instrumento sistémico y orientador para atender la problemática relacionada hacia la protección a la vida desde su concepción, asociada a sus etapas prenatal y primera infancia, niñez y adolescencia, juventud, adultez y adultez mayor para que de manera coordinada, armonizada, focalizada y priorizada se fortalezca la institucionalidad pública para el abordaje de dichos temas.
Esta política tiene como propósito garantizar el bienestar y protección de la vida y la institucionalidad de la familia, en todas las etapas indicadas en el párrafo anterior y el conocimiento y cumplimiento de sus derechos, desde la normativa vigente en el país.
Las intervenciones principales que pretende abordar esta política se realizarán a través de un sistema de protección a la vida y la institucionalidad de la familia, que comprende un conjunto de acciones coordinadas interinstitucionalmente, que faciliten a la persona y a la familia su desarrollo integral, garantizando el derecho a la vida, educación y su vinculación con la salud, la seguridad alimentaria y nutricional, agua y saneamiento, el empleo y la capacitación, para lograr mejores condiciones de vida.
El sistema contempla cuatro ejes:
- Protección a la vida y la institucionalidad de la familia en la etapa prenatal y primera infancia;
- Protección a la vida y la institucionalidad de la familia en la niñez y adolescencia;
- Protección a la vida y la institucionalidad de la familia en la juventud y adultez; y
- Protección a la vida y la institucionalidad de la familia en la adultez mayor.
La estrategia que propone esta política será: para el 2032, incrementar la atención de la población cubierta a través de un sistema de protección dirigido hacia la realización de los cuatro ejes antes mencionados, en beneficio de las etapas prenatal y la primera infancia, niñez y adolescencia, juventud, adultez y adultez mayor.
Para alcanzar la estrategia propuesta se proponen acciones, realizadas mediante el uso de políticas, programas, proyectos o estrategias que atenderán cada una de las instituciones responsables o corresponsables de la realización e implementación de la política. Así como, la operativización de la misma, por medio de la vinculación de los productos vigentes o potenciales orientados a los Resultados Estratégicos de Desarrollo y los Resultados Institucionales, que de acuerdo a su competencia planifique, programe y ejecute la institucionalidad pública para aportar al cumplimiento de los ejes indicados.
El Ministerio de Educación, será el ente rector de la presente política pública quien dirigirá con las instituciones públicas responsables, las acciones que se definan en el plan de acción, para lo cual deben coordinar esfuerzos y propiciar la comunicación que corresponda. El ministro actuará como ente coordinador según lo establecido en la Ley del Organismo Ejecutivo 114-97, artículos 23, 27 y 33, así como los artículos 2 y 43 de la Ley de Educación, Decreto Legislativo 12-91.
El presente documento está dividido en marco normativo y político, justificación, el marco conceptual, el diagnóstico situacional, objetivos generales y específicos, el sistema de protección a la vida y la institucionalidad de la familia, ejes, lineamientos y estrategias, seguimiento y evaluación, anexo y bibliografía.
Esta política pública nos va a permitir unir esfuerzos para poder empezar a dar resultados y resultados que se puedan traducir en el fortalecimiento de la familia en la prevención del embarazo temprano y muchas otras cosas.
Hoy hay un trabajo por hacer. Quiero agradecer profundamente a quienes nos acompañaron desde noviembre, cuando alrededor de una mesa, con una taza de café, con varios de los aquí presentes dijimos: el año entrante tenemos que sacar esta política pública que une incluso las otras políticas públicas, tres, que estamos reforzando para que puedan tener éxito y de esta manera poder ser un país en el cual se pueda declarar pública, como lo demanda la Constitución, que aquí se protege la vida desde su concepción.
Y esa protección de la vida desde su concepción, implica también prepararnos como país, para que las personas, desde el vientre materno reciban la asistencia prenatal para que garanticemos que esos niños nacerán con la capacidad al tope de sus funciones”, dijo el presidente Alejandro Giammattei.