Según la investigación del Ministerio Público una organización criminal utilizó diferentes tipos de empresas sospechosas, como sociedades anónimas, sociedades limitadas y off shore, para sustraer y lavar 350 millones de quetzales.
El efectivo fue parte del presupuesto anual del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS–
En el Juzgado de mayor riesgo D, el abogado defensor pidió que su patrocinado, Agustín Leónidas Castro, fuera beneficiado con una medida sustitutiva, asegurando que no se fugará o escapará del país.
Según la pesquisa, el acusado fue el mandatario legal de una empresa creada en Australia, a dicha empresa se le vincula con haber recibido parte de los 350 millones de quetzales de manera ilícita.
El Ministerio Público -MP- se opuso al otorgamiento de una medida sustitutiva, consideró que no se han superado los peligros procesales como la fuga y la obstaculización de la averiguación de la verdad.