El ente encargado de la persecución penal pidió que la jueza B, del Juzgado Duodécimo Penal, Wendy Coloma, fuera separada del proceso, asegurando que externo opinión y que dudan de su imparcialidad para conocer la carpeta.
Los magistrados de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones, conocieron los argumentos de la recusación del Ministerio Público (MP) y de los abogados defensores de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, (TSE) Irma Palencia, Mynor Franco, Gabriel Aguilera y Rafael Rojas.
“Las defensas de los señores Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, evacuamos oralmente la audiencia de recusación y nos opusimos a los argumentos de la Fiscalía.
El Ministerio Publico dice en primer lugar que hay un interés de la jueza, (Wendy Coloma), en resolver este caso.
En segundo lugar, que ha externado opinión. Ambas cosas son falsas, no hay una sola prueba de eso, es más la jueza no ha entrado a conocer cuestiones de fondo, las resoluciones que ha emitido la juzgadora son interinas, lo que significa que son de puro trámite.
¿Cómo pudo haber externado opinión en resoluciones de trámite, que las cosas van a salir de una u otra forma? Si apenas entró a conocer resoluciones de trámite”, dijo César Calderón, abogado defensor.
En esta carpeta judicial el Ministerio Público investigó la supuesta compra irregular y sobrevalorada por más de 140 millones de quetzales de un programa informático para la transmisión de los datos preliminares, utilizado en la primera y segunda vuelta electoral de 2023, por parte de algunos Magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
La fiscalía de extinción de dominio solicitó el embargo de las cuentas bancarias de la empresa a la cual se le otorgó el contrato y ordenó al Tribunal Supremo Electoral, detener el último pago de 40 millones de quetzales a dicha empresa.