El ente encargado de la persecución penal pidió que la jueza B, del Juzgado Duodécimo Penal, Wendy Coloma, fuera separada del proceso, asegurando que externo opinión y que dudan de su imparcialidad para conocer la carpeta.
Los magistrados de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones, conocieron los argumentos de la recusación del Ministerio Público (MP) y de los abogados defensores de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, (TSE) Irma Palencia, Mynor Franco, Gabriel Aguilera y Rafael Rojas.
En esta carpeta judicial el Ministerio Público investigó la supuesta compra irregular y sobrevalorada por más de 140 millones de quetzales de un programa informático para la transmisión de los datos preliminares, utilizado en la primera y segunda vuelta electoral de 2023, por parte de algunos Magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
La fiscalía de extinción de dominio solicitó el embargo de las cuentas bancarias de la empresa a la cual se le otorgó el contrato y ordenó al Tribunal Supremo Electoral, detener el último pago de 40 millones de quetzales a dicha empresa.