El Tribunal Supremo Electoral (TSE) está evaluando y analizando la situación del voto en el estado de Florida, Estados Unidos; derivado de la ley antiinmigrantes que el gobernador de esa localidad aprobó recientemente, ante la finalización del título 42.
Según indicó la magistrada presidente del TSE Irma Palencia, existe mucha preocupación y se comparte el sentir de la comunidad migrante residente en Florida; además que se analizan medidas debido al impacto que esto tenga el día de los comicios en Guatemala.
Nos preocupa porque va a impactar en la votación en esa localidad, en la cual teníamos un importante número de mesas. Por ahora no hemos hablado con autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores ni con Migración, tendríamos que tener los acercamientos con ellos y con la Embajada de Estados Unidos por supuesto, para ver si puede haber alguna contingencia que dé algun estatus de protección especial a nuestros migrantes en tanto pasen las elecciones para que se les pueda garantizar el ejercicio de sus derechos civiles y políticos”, indicó.
El ente electoral continúa en análisis en torno a las medidas que se pueden tomar para apoyar a los migrantes desde Guatemala, para que puedan acudir y emitir su voto el 25 de junio sin temor de ser aprehendidos por las autoridades.
Duras medidas contra la migración
El estado de Florida, en el sur de Estados Unidos, aprobó el miércoles una ley con duras medidas contra la migración irregular, impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis, cuya postulación a la Casa Blanca en 2024 parece inminente.
DeSantis firmó el texto durante un evento en Jacksonville, en el noreste del estado, bajo el lema “La crisis fronteriza de (Joe) Biden”, el presidente demócrata al que acusa de no atender la inmigración ilegal.
“Los cárteles de la droga mexicanos tienen más que decir sobre lo que ocurre en la frontera sur que nuestro propio gobierno estadounidense”, dijo el gobernador, justificando la necesidad de la nueva ley floridana.
El texto entrará en vigor el 1 de julio. Entre sus medidas más destacadas, exigirá a las empresas con más de 25 empleados que utilicen E-Verify, un sistema federal para comprobar el estatus migratorio de las personas a las que quieran contratar.
La ley obligará además a los hospitales que aceptan el seguro público Medicaid a recoger datos sobre el estatus migratorio de sus pacientes, y convertirá en un delito castigado con hasta 15 años de prisión el transporte de personas en situación migratoria irregular desde otro estado a Florida.
Las autoridades dejarán por otra parte de reconocer las licencias de conducir emitidas fuera del estado a migrantes que ingresaron al país de forma ilegal, además de prohibir la financiación de programas locales para otorgarles documentos de identidad.
Unos 660,000 extranjeros residían en Florida en situación irregular en 2018, según la última estimación publicada por el Departamento de Seguridad Interior (DHS) de Estados Unidos en 2021.