La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a la magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC) Leyla Lemus Arriaga; así como a Irma Elizabeth Palencia, magistrada titular del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Estas medidas se otorgan mediante las resoluciones 1/2024 y 2/2024; tras considerar que en ambos casos las funcionarias se encuentran “en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Guatemala”.
Con estas resoluciones el organismo internacional solicita al Estado de Guatemala acciones puntuales para la protección de ambas funcionarias.
Solicitud de la CIDH al Estado de Guatemala
Lo primero es que adopte medidas necesarias para garantizar su derecho a la vida e integridad personal, también adoptar lo necesario para garantizar que puedan desempeñar sus cargos.
Sin ser objeto de amenazas, hostigamiento, intimidaciones, amedrentamiento o actos de violencia.
También que concierte medidas a implementarse con la beneficiaria y sus representantes y que “informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la medida cautelar y evitar su repetición”.
Autopatrulla de la PNC incendiada
En el caso de la Magistrada Leyla Lemus, la CIDH destaca que en la solicitud que presentó se refirió a un hecho ocurrido el 11 de diciembre de 2023.
Cuando una autopatrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) de su esquema de seguridad ubicada frente a su casa; fue incendiada por terceras personas.
El incidente ocurrió en la madrugada, en el momento temporal en que los agentes fueron reasignados a otros servicios. Lemus dijo a la CIDH que el incidente estaría relacionado con su labor como magistrada.
Por su parte el Estado informó que no existen indicios de que el incidente haya sido un acto deliberado de represalia en contra de la magistrada; y que el Ministerio Público haría las investigaciones correspondientes.
Además agregó que las medidas de protección por parte de la CC y PNC serían efectivos para su protección.
“Tras analizar la información presentada por ambas partes, la Comisión valoró que no resulta controvertido que los hechos del 11 de diciembre de 2023 ocurrieron cuando agentes de la PNC no estaban brindando protección a la propuesta beneficiaria, debido a su reasignación por órdenes de la propia institución y pese al esquema determinado por el propio Estado.
En ese sentido, se observó que el cambio en dicho esquema de seguridad fue realizado de manera no coordinada con la propuesta beneficiaria y que el Estado no designó agentes reemplazo para continuar con su implementación adecuada, tampoco lo habría reforzado tras el evento referido”, señala la CIDH.
Amenazas, hostigamiento y violencia
En el caso de Palencia, la solicitante indicó ser objeto de amenazas, seguimientos y vigilancias, así como de intimidación, estigmatización y acoso, por medio de plataformas virtuales; incluso incitando violencia en contra de su vida e integridad.
Lo cual se hizo del conocimiento de las autoridades correspondientes en Guatemala. Palencia también indicó que su actual esquema de protección tenía falencias a partir de su implementación y coordinación.
Al respecto el Estado de Guatemala informó sobre diligencias y acciones adoptadas para brindarle protección a través del Ministerio de Gobernación y Tribunal Supremo Electoral.
Indicando que tenía asignados agentes de seguridad, un conductor y vehículo blindado; y que este equipo había sido reforzado, además que podía continuar así en el marco de los procedimientos internos.
En ese sentido “la Comisión valoró las acciones implementadas por el Estado. Sin embargo, observó que los factores de riesgo persisten, tanto como la falta de implementación de medidas de protección adecuadas y suficientes para mitigar la situación de riesgo actual de la señora Palencia Orellana”, señaló la CIDH